Patricia Arache
Cuando el 24 de abril de 1984 se produjo lo que, todavía, cuarenta años después no está bien definido respecto a si fue poblada, revuelta, protesta o rebelión, yo estuve ahí, como diría mi inolvidable, amado y respetado profesor Jimmy Sierra, quien falleciera a destiempo, el 18 de agosto del año 2020.
En aquel tiempo todo era distinto, todo era diferente. Los medios de comunicación tradicionales o, como prefiero llamarlos, convencionales, siempre estaban atentos a las fuentes, a los hechos y a los imprevistos.
Me iniciaba en las labores comunicacionales desde la que fue mi primera plataforma: el reporterismo radial. Lo hice con entusiasmo y pasión, modestia aparte, y sí que aprendí en el día a día.
Cuando hoy, cuatro décadas después, escucho a amigos y colegas plantearse la posibilidad de que se repita el “abril del 1984” en República Dominicana, en el 2024, me detengo a pensar de qué me perdí, qué no estoy viendo y qué saben, que muchos no sabemos, quienes pronostican pobladas.
El proyecto de ley sobre Modernización Fiscal, en República Dominicana, fue retirado del Congreso Nacional, de acuerdo a lo anunciado por el presidente de la República, Luis Abinader, en atención a reclamos de los distintos sectores de la vida nacional con fácil y libre acceso (como ya casi todos tenemos) a los medios de comunicación social.
“Estoy convencido de que nuestra democracia debe ser un diálogo constante, una conversación en la que cada voz cuente y cada opinión tenga su peso. La democracia no es, ni debe ser, un monólogo ni una práctica de cada cuatro años”, expuso el mandatario en su alocución de no más de seis minutos, el sábado 19 de octubre.
Es un gesto muy valiente y democrático de parte del mandatario que apenas inicia su segunda gestión constitucional (2024-2028), en medio de un déficit fiscal superior a los 80 mil millones de pesos.
Obvio que hay que celebrar el hecho de que en República Dominicana prevalezca, y ojalá se prolongue, un sistema político en el que escuchar la voz de todos sea un compromiso innegociable, pero también hay que preguntarse cuál será el trayecto que transitará el gobierno para hacer frente a todas las necesidades sociales y económicas que tienen distintos sectores de la población.
En septiembre pasado, cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos para el año 2025, indicaba que esa pieza priorizaba la inclusión social y la calidad de vida de las familias dominicanas, protegiendo su capacidad de consumo y sus medios de vida.
En fin, ya el país no tendrá que someterse a la presión de una reforma, que el presidente Luis Abinader denominó Proyecto de Modernización Fiscal, y que la mayoría de los sectores nacionales calificó como paquetazo, foetazo o cualquier otro término que resultara lo más doloroso posible.
Lo malo es que tampoco hay propuestas alternas para que el Estado disponga de recursos que le permitan la aplicación de políticas públicas que impacten favorablemente a sectores de la población y permitan elevar el nivel de productividad y competitividad de la nación.
No nos queda más, por el momento, que preguntarnos: ¿En qué parará la cosa, caballero, en qué parará?
