El nuestro es un país de apariencias. No porque todos tengamos el comprensible y justificable deseo de mostrar nuestra mejor cara al mundo, sino porque entendemos que los problemas dejan de existir si no hablamos de ellos.

Confundimos el amor por el país y la virtud cívica con la acriticidad frente a las dificultades que enfrentamos. Si no se dice, no ocurre. Este parece ser nuestro informal, pero omnipresente, lema nacional.

Esto es relevante por el actual debate sobre la prisión preventiva, en el cual importantes responsables del sistema de justicia han reaccionado virulentamente ante cualquier crítica del estado de cosas, a pesar de que esas críticas vienen acompañadas de declaraciones públicas sustentadas en datos y cifras concretos de otros importantes actores del sistema.

Es difícil aceptar, por ejemplo, que quienes denuncian el abuso de la prisión preventiva son ignorantes o tienen intenciones espurias cuando las cifras de la Defensa Pública dadas a conocer por su director sustentan esa tesis. De poco sirve refugiarse en el argumento nacionalista para desdeñar las críticas a esta situación provenientes de un legislador estadounidense, porque el problema es cierto, es nuestro y es inaceptable.

Lo mismo puede decirse del argumento de que es mejor no hablar de esto ahora porque podría beneficiar indirectamente a cierto tipo de imputados. Lo que demuestra esta línea de razonamiento es que este estado de cosas se fomenta con ciudadanos específicos en mente.

Y eso no tiene lugar en una democracia por varias razones: primero porque es violatorio de derechos, segundo, porque se trata de una instrumentalización de nuestras instituciones que lesiona al Estado de derecho y, por último, porque la ciclicidad inexorable de la democracia nos indica que lo que hoy se le hace a unos, mañana se le hará a otros, algo que sería igualmente nocivo e inaceptable.

Si queremos superar nuestros problemas, no sólo este, no hay que ceder al chantaje que sindica como mal ciudadano a todo aquel que se desvía de lo deseado por autodesignados guardianes de nuestra sociedad.

El papel de los ciudadanos es, también, decirle verdades incómodas a quienes no desean escucharlas. Y en este caso es así porque, después de todas las bullas, todos los señalamientos, todas las injurias, nos queda una verdad dura como un pedernal: la prisión preventiva es un problema grave, y tenemos que resolverlo.