El seis de marzo pasado un comando de cuatro encapuchados penetró a la residencia del viceministro de Energía y Minas Victoriano Santos, en Cotuí, y lo mató a tiros.
En el incidente también fue gravemente herido su hijo Víctor Manuel, quien murió días después.
Al crimen le siguió una ola de rumores: que había sido mandado a matar por la Barrick Gold, que si fue por narcotráfico, asuntos de faldas o si alguien dentro de su partido (PLD) lo quiso eliminar para evitar que se convirtiera en el candidato a alcalde, pues era el favorito, etcétera.
El 20 de marzo el jefe de la Policía pretendió disipar las dudas, y como quien tiene un orgasmo mental y pretende que los demás también lo disfruten, él -que es un investigador veterano- dijo que el crimen fue producto de un intento de robo “y no de acciones de sicariato como se presumía”.
“Al originarse un incidente entre las víctimas y los victimarios al parecer estos tuvieron que abandonar el lugar antes del robo”, explicó muy orondo el mayor general Manuel Castro Castillo, y el Ministerio Público entonces le hizo coro.
Muy bueno el cuento chino, pero nadie se lo creyó, mucho menos la familia de las víctimas. Francisco Santos, hermano de Victoriano, pidió a las autoridades seguir investigando el caso.
“Solamente esperamos que si hay indicios de que pueda haber alguien más detrás de esto, que se siga investigando, porque cuando suceden estas cosas hay que llegar hasta el final”, dijo Santos.
El Viernes Santos, día en que se supone que el diablo anda suelto, uno de los confesos asesinos de Victoriano (Isauris Sánchez) llamó a NCDN y afirmó que un reconocido dirigente político (cuyo nombre y partido no reveló) había pagado un millón 200 mil pesos para que lo secuestraran, pero que las cosas salieron mal.
Horas después, el jefe policial recogió las palabras pronunciadas 15 días antes, y aseguró que continuaban las investigaciones sobre el caso. Bien hecho por el general.
Sin embargo, algunos peledeístas, incluido un miembro del Comité Central y presunto amigo mío, se han apresurado a decir que no hay por qué creerle a un delincuente, cuando la lógica indica que en la investigación de un crimen no se debe descartar ninguna de las hipótesis.
Ayer, la viuda, Zoila María Gutiérrez, fue a la Procuraduría y pidió a las autoridades revelar el nombre del autor intelectual del crimen de su marido y de su hijo.
Corresponde a las autoridades atender a su justo reclamo, y si Victoriano fue víctima de sicarios pagados por otros dirigentes del PLD o cualquier otro sector el deber de las autoridades es decir la verdad caiga quien caiga y no pretender tapar el muerto como quieren algunos.