Suprema Corte rechaza conocer recusación contra jueza Ysis Muñiz en caso de fiscal acusado de soborno

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se declaró incompetente para conocer la recusación presentada contra la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, en el marco del caso del procurador fiscal imputado de recibir un soborno de US$10,000.

Tras esta decisión, el Pleno de la SCJ remitió el expediente al juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau, para que sea resuelta en esa instancia. Cabe recordar que, el 16 de abril, dicha recusación había sido remitida al Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

La magistrada Muñiz fue recusada el 10 de abril durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien está imputado por recibir un soborno de US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), conocido como “Cobra”.

Detalles de los hechos

De acuerdo con el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026, el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el estacionamiento de un centro comercial en la intersección de la Avenida Jiménez Moya con la Avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

En dicho encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.

Durante la reunión, el procurador fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial en su contra a cambio de un beneficio económico. La solicitud inicial fue de US$200,000, monto que posteriormente fue reducido a US$150,000 tras una negociación.

Además, mostró interés en recibir un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.

El imputado también habría ejercido coacción mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, el procurador fiscal preguntó al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”, estableciendo como fecha límite el 24 de marzo.

Para asegurar el pago, habría advertido sobre la inminente judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.

Asimismo, el 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante la operación también se ejecutó una entrega vigilada del dinero.

El Ministerio Público sostiene que el procurador fiscal se dedicaba a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de las investigaciones bajo su responsabilidad. En este sentido, solicita 12 meses de prisión preventiva contra el fiscal, imputado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo clave en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), denominado “Cobra”.

El caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y sus implicaciones Canaán Acta también es testigo en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), conocido como “Cobra”, que involucra al exdirector Santiago Hazim, quien se encuentra detenido en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras, acusado de cometer irregularidades durante su gestión.