Quienes leen esta columna saben que uno de los problemas nacionales que más me preocupan es nuestra creciente incapacidad para debatir. Ante cualquier diferencia, nuestra reacción es atrincherarnos y declarar la guerra total contra quien percibimos como nuestro enemigo. Tengo años viéndolo y años diciéndolo. No soy el único.

Esto es cierto de casi todos los temas, pero especialmente del relacionado con los inmigrantes haitianos y sus descendientes. Lo cierto es que este fenómeno es en parte explicable. Los sectores más duros del mal llamado nacionalismo dominicano han logrado encuadrarlo en la igualación de migración, nacionalidad y relaciones exteriores. No son la misma cosa, y cualquier debate debe tomarlo en cuenta.

Pero el punto no es ese, sino que, independientemente de cuál sea el tema o la posición, quien exprese una opinión se expone al ataque de los extremos. Por ejemplo, el Ministerio de Interior impidió, arguyendo un supuesto un peligro a la paz pública, una marcha de haitianos que pretendía reclamar a la comunidad internacional asumir su responsabilidad con Haití. Ni siquiera el hecho de que esa posición es concordante con la del Estado dominicano evitó la intervención de Interior y Policía. Tampoco el hecho de que inmigrantes de otras nacionalidades se han manifestado antes por la situación política de sus respectivos países.

¿Qué peligro representaba una marcha que pedía apoyar las posiciones que nuestro país ha defendido en todos los escenarios internacionales? Ninguno.

Recientemente el orgullo del deporte dominicano Marileidy Paulino denunció los ataques que reciben los atletas dominicanos de ascendencia haitiana o simplemente negros, como es su caso, cada vez que nos representan en competiciones internacionales. Por respuesta recibió un alud de ataques racistas que confirman su denuncia.

Los dominicanos podemos lamentarnos de esta situación o podemos enfrentarla. Lo segundo es necesario si queremos un país en el cual podamos convivir en paz y armonía. Pero para ello debemos despojarnos de la proclividad a la condena del otro por pensar distinto. Debemos hacer conciencia de que, en democracia, hay que aceptar la persistencia de desacuerdos profundos y fundamentales. La clave está en sortearlos. También, y no menos importante, debemos reconocer que una parte de nuestra sociedad tiene posiciones como la denunciada por Marileidy. Ese reto nos espera y debemos afrontarlo como un problema colectivo.