Altagracia Suriel
El Gobierno en los últimos meses ha ofrecido cifras de la reducción de la pobreza de un 7 % en relación con el 2019 antes de la pandemia.
Esta constatación de la reducción de la pobreza sostenida en el país no sólo es de esta gestión, sino también de administraciones anteriores si partimos de la afirmación del Banco Mundial en su panorama general del país que afirma que: “El crecimiento económico de la República Dominicana triplicó el promedio regional en las últimas dos décadas y se tradujo en la salida de la pobreza de 2,8 millones de personas, una clase media que ahora supera a la población pobre y una mejora en la calidad de vida en cuanto a acceso a servicios básicos, vivienda y educación”.
A raíz de las cifras ofrecidas sobre el Gobierno de la reducción de la pobreza han surgido cuestionamientos en relación a si las ayudas que ofrecen programas como Supérate a las familias contribuyen a la reducción de la pobreza. La respuesta a esa interrogante la responde la evidencia que arrojan los estudios realizados a los programas sociales a nivel regional y nacional.
Definitivamente las ayudas sociales inciden en la reducción de la pobreza, especialmente las transferencias monetarias. Según los estudiosos de la Cepal, en Brasil, el programa Bolsa Familia, y en México, Oportunidades, lograron un impacto de cerca de un 2.7 % en la reducción de la pobreza monetaria.
Un estudio del BID sobre el Programa Progresando con Solidaridad, informa que “en el 2014, la tasa de pobreza hubiera sido 2.3 puntos porcentuales (6 %) más alta en la ausencia de las transferencias focalizadas, tomadas en su conjunto”.
Conforme datos del Ministerio de Planificación y Desarrollo, entre el 2012 y 2018, las estrategias de erradicación de pobreza, incluyendo las transferencias monetarias a hogares pobres vinculadas al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales contribuyeron a reducir la pobreza general en el país en más de 16 puntos y 8 puntos la pobreza extrema.
Lo que concluye la evidencia es que los programas sociales, además de proteger derechos y ser expresión de la solidaridad con los que menos tienen, son efectivos para contribución a la reducción de la pobreza general y extrema, por eso hay que apostar por ellos y siempre fortalecer su focalización y gestión.
