La reciente designación de Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia plantea un desafío significativo para el Estado constitucional.
Estos nombramientos son más que simples cambios administrativos; son una prueba de resistencia ante la presión que el Ejecutivo puede sentir frente a los límites que impone el derecho, especialmente en un contexto democrático donde las tensiones son frecuentes.
Ambos profesionales destacan por su alta capacidad y compromiso con el servicio público, lo que refleja la intención presidencial de contar con figuras calificadas en roles clave.
La relevancia de estas posiciones es crucial para mantener el ordenamiento jurídico del Ejecutivo y garantizar la representación adecuada del Estado, así como el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.
El reto para Subero Isa va más allá del ámbito técnico; se centra en mantener un equilibrio ético y constitucional en su asesoría. Su función debe actuar como un mecanismo de contención, no como excusa para justificar decisiones políticas.
A lo largo de su trayectoria, ha demostrado que la legitimidad del derecho se basa en su coherencia y en su alineación con la Constitución. Su presencia en el Ejecutivo asegura que las acciones del presidente se fundamenten en un sólido marco jurídico, evitando que se debilite la democracia.
El desafío que enfrenta Peralta Romero, por otro lado, es particularmente complejo. Al frente de un Ministerio de Justicia resucitado, su legitimidad dependerá de cómo delimite sus funciones, evitando confundir roles con el Ministerio Público.
Con una vasta experiencia en derecho y una carrera caracterizada por su bajo perfil, Peralta tiene la capacidad de establecer un marco institucional que no actúe como extensión del Ejecutivo ni como reaccionario ante presiones políticas.
Ambos comparten un reto común: resistir el decisionismo que busca convertir el derecho en una mera herramienta de validación del poder. La política criminal no debe ser guiada por la emoción social, ya que esto puede erosionar los principios garantistas del Estado de derecho. Asimismo, el sistema penitenciario debe ser gestionado con un enfoque en el respeto de los derechos humanos.
Este contexto exige que Subero Isa y Peralta sean juristas deliberativos, priorizando la justificación y el razonamiento frente a la urgencia política. Su compromiso con el derecho no sólo fortalecerá sus sólidas trayectorias, sino que contribuirá a una democracia más reflexiva y fiel a su promesa constitucional.
