Celedonio Jiménez
Una de las razones para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato a la presidencia, hoy presidente, Lic. Luis Abinader, recibiera un contundente apoyo popular en las pasadas elecciones nacionales, fue la promesa de propiciar un cambio en el ejercicio de la política y de la administración del Estado.
Se puede decir que el presidente ha hecho un esfuerzo para que la señalada promesa sea una realidad; pero también hay que apuntar que en algunas instancias del gobierno y del Estado no parece haber interés de tocar una misma música.
Varios generadores de opinión, así como diversos periodistas, que por su trayectoria merecen la mayor confianza y credibilidad, han expresado inquietud y elevado su voz de alerta al observar decisiones, comportamientos y acciones de funcionarios públicos que hablan de una falta de coherencia, transparencia y hasta de la existencia de “un cambio de chip” con respecto a lo planteado y prometido en campaña.
Las anotaciones críticas se han expresado en variados sentidos; pero preponderantemente en torno a actitudes clientelistas de funcionarios. Uno de los casos más sonados ha sido el correspondiente a las medidas de cancelación y de incremento millonario de la nómina en la Superintendencia de Seguros, por parte de su principal incumbente, Licda.
Josefa Castillo, quien lo confirmó mediante declaración pública a medios de comunicación.
Igual, pero sin que haya posibilidad de comparación con lo ocurrido en el pasado gobierno del PLD, se señala lo que algunos críticos han calificado como “la repartidera de publicidad” millonaria, por parte de la Dirección de Comunicaciones (DICOM), del gobierno.
Sobre la cuestión de las cancelaciones hay que referir las quejas hechas públicas por la Coordinadora Nacional de Salud (CONASALUD), en el sentido de las cancelaciones que se han producido en diversas instancias de la estructura sanitaria.
Según esta coordinadora, que agrupa a 18 gremios, una situación deplorable es que se han producido cancelaciones de personas con licencia médica. Según informaciones que hemos obtenido, cancelaciones en estas mismas circunstancias se han producido en otros ámbitos.
Entendemos que las medidas para superar las graves anomalías en la nómina pública, incrementada durante los gobiernos peledeístas, deben hacerse evitando hacer pagar a justos por pecadores.
Por otra parte, aunque comprendemos que la pandemia del Covid-19 ha impactado social y económicamente al país de una manera que lleva al gobierno a un gasto público inscrito en una perspectiva de amplia solidaridad social, creemos que esta solidaridad debe ir tomando un curso que supere el mero asistencialismo, tan obstaculizador del verdadero desarrollo humano.
Esperamos que lo que aquí hemos dicho sirva para consolidar la transparencia, coherencia y ética gubernamental. Estas condiciones son esenciales para que las instituciones funcionen y para la existencia de un buen gobierno. Y un buen gobierno es factor indispensable para el bienestar general.
