Para los cristianos es un imperativo moral el mandato “no matarás”, incluido en normas jurídicas babilónicas previo a que, unos 1,450 años antes de Cristo (año 2448 del calendario hebreo), Moisés recibiera los Diez Mandamientos.
Religión y moralidad aparte, la disposición va pareja con el civilizador concepto de regir a la sociedad mediante leyes escritas aplicables a todos incluyendo a los gobernantes. La vida, salvo justificadas excepciones legales, no puede quitarse por ser un don o bien particular irremplazable.
Hasta gobernantes infamemente notorios por su irrespeto a la vida humana, como el dictador soviético Stalin, responsable de millones de muertes por motivos puramente políticos, entendía la importancia de alguna clase de debido proceso judicial.
Al finalizar la segunda guerra mundial, Churchill y Roosevelt abogaban por la ejecución sumaria por fusilamiento del liderazgo alemán nazi, menos de cien hombres a quienes Estados Unidos había públicamente prometido castigar por sus responsabilidades y crímenes de guerra. Tras reunirse con Stalin en Moscú en octubre de 1944, Churchill escribió a Roosevelt que Stalin se oponía “a ejecuciones sin proceso judicial previo, pues si no el mundo creerá que no podemos demostrar su culpabilidad”.
Es irónico que haya sido Stalin que encarrilara a los líderes de Estados Unidos y el Reino Unido por la legalidad. Lo recuerdo por las muertes de presuntos criminales por nuestra Policía, que pueden calificarse como una barbaridad. Empero, esto quizás no pasara si el Ministerio Público y la Justicia fuesen más efectivos al apresar y someter a delincuentes reincidentes que nunca son condenados ni cumplen condenas.
¿Son incapaces de demostrar su alegada culpabilidad? Sustituir leyes por balas lo aplauden la gleba y (penosamente) otros ciudadanos, hartos de inseguridad, pero es un retroceso.
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