Ante la rotunda negación del Congreso a eliminar el “barrilito”, las exoneraciones y demás asignaciones indebidas a legisladores, propuse que el presidente Abinader debería atreverse a eliminar esas partidas, justificado por la pandemia.
Podría argumentarse que es ilegal el recorte de fondos de un poder del Estado a otro. Para legalizar esa acción, el Ejecutivo debe recurrir al Judicial para meter en razón al Legislativo.
La Constitución obliga al presidente a administrar los fondos públicos según una serie de principios que a todas luces son violados cuando cada legislador asume extravagantemente funciones que las leyes asignan a ministerios del Poder Ejecutivo.
Arguyen la excusa de realizar labores sociales que son un burdo clientelismo con fondos públicos, por demás sin ninguna supervisión ni rendición de cuentas.
La ilegalidad e ilegitimidad e inconveniencia política, y quizás hasta la inconstitucionalidad, del barrilito y demás aberraciones, me parecen fácil de demostrar en un tribunal. Sería un bellísimo ejercicio de institucionalidad que pondría en su justo sitio al Congreso y enorgullecerá a casi todos los dominicanos.
