Sociólogo sobre el Código Penal: “Protege a las élites y castiga a los más pobres”

Por: Rose Millys Ortega

Santo Domingo. – El sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Juan Miguel Pérez, cuestionó este lunes el contenido del nuevo Código Penal, promulgado el domingo por el presidente Luis Abinader, al considerar que favorece a las clases privilegiadas del país y reproduce un modelo punitivo desigual.

Pérez afirmó que el nuevo marco legal constituye “un código protector de las clases privilegiadas”, donde militares, miembros del clero y políticos gozan de mecanismos de protección frente a la posible comisión de delitos, lo que según él socava la equidad ante la ley.

“Ninguna sociedad puede asumir que un código penal más represivo solucionará los problemas sociales que suelen estar detrás de los delitos que ese código busca sancionar”, advirtió el académico.

“Doble pena” para los sectores vulnerables

El sociólogo denunció que el nuevo Código Penal profundiza la exclusión social al imponer castigos severos contra personas de sectores empobrecidos, sin contemplar mecanismos de rehabilitación o reinserción social.

“Este código impone lo que en sociología denominamos ‘doble pena’: nacer y crecer en contextos de pobreza y luego ser castigado por un sistema rígidamente punitivo”, explicó.

Pérez también señaló que el nuevo cuerpo normativo representa un retroceso en materia de derechos para mujeres, niños y sectores marginados, al negar avances fundamentales en protección social y acceso a la justicia.

Código autoritario y conservador

A juicio del experto, el nuevo Código Penal responde a dos corrientes ideológicas: un autoritarismo legalista, que penaliza con dureza incluso los delitos menores, y un enfoque conservador que prioriza el castigo por encima de la prevención y la dignidad humana.

“No se consideran los factores sociales que provocan los delitos. Este no es un código de justicia, sino de castigo”, subrayó.

Deficiencias conceptuales y riesgos para la ciudadanía

Pérez también cuestionó la redacción del documento, calificándola de deficiente y ambigua, lo que según dijo abre la puerta a múltiples interpretaciones jurídicas y vulnera derechos fundamentales, especialmente en materia de libertad de expresión y fiscalización del poder.

“Este código fragiliza a la población civil y obstaculiza su derecho a exigir rendición de cuentas a sus gobernantes”, concluyó.