Periodista Luis García
Una de las certificaciones que llevo con más orgullo es la correspondiente a la Especialidad en Gestión Pública que cursé con el involucramiento de la Escuela Nacional de Administración de Francia, porque, entre otras cuestiones, aprendí de sus profesores que ninguna sociedad jamás podrá avanzar si los gobiernos hacen de los favores políticos una práctica cotidiana.
Al referirse a esa institución, los franceses la identifican como la “crème de la crème” intelectual del país; y es por lo que la Ecole Nationale d’Administration (ENA) es un ícono, es decir, un signo que representa un objeto o una idea con la que guarda una relación de identidad o semejanza formal.
Fundada en 1945 por Charles De Gaulle, esta institución ha democratizado la alta función pública del Estado a través del mérito del concurso. De sus aulas han salido figuras destacadas en la política y la administración de la nación gala como François Hollande, Emmanuel Macron, Ségolene Rojal, Jacques Chirac, Lionel Jospin y Valéry Giscard.
La reflexión viene a propósito de lo que está pasando en el Congreso Nacional en relación con la escogencia del Defensor del Pueblo.
La decisión final será en función de favores políticos y no el producto de la meritocracia de los participantes. ¡Que pena! Se trata de la “société des faveurs politiques”, dirían los franceses.
En lo particular no me sorprende, en vista de que había adelantado lo que pasaría, a partir de la certeza de que se trata de una farsa montada por el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Fundamento mi aseveración en que de esa misma manera pasó con la designación de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y del segundo miembro del Senado para conformar el Consejo Nacional de la Magistratura.
El actual Congreso Nacional, desafortunadamente, es lo más parecido a un teatro de títeres en el que las piezas son movidas a control remoto, echando por la borda la institucionalidad democrática.
Y lo que peor, es que todo ocurre ante el silencio cómplice de muchas personas e instituciones que han escogido el camino de no arriesgar nada para evitar afectación de sus intereses, debido al temor de un eventual accionar del brazo de hierro del Estado.
En esta misma palestra adelanté que Fidel Santana sería el Defensor del Pueblo porque sé de las preferencias del presidente Luis Abinader. Nada importará que el joven académico Pablo Ulloa haya obtenido la mayor calificación en la evaluación que realizó la Cámara de Diputados, previo a remitir la terna al Senado de la República.
Resulta evidente que una persona que llegue como parte de favores políticos no podría desempeñarse adecuadamente, porque el Defensor del Pueblo debe asegurarse que los funcionarios y agentes públicos cumplan con las disposiciones constitucionales, particularmente los inherentes a los derechos fundamentales de las personas, que se encuentran consagrados en Título II, Capítulo I, Secciones I, II, III y IV, Artículos 37 al 67 de la Constitución, relativos a los derechos civiles y políticos, a los económicos y sociales, a los culturales y deportivos y a los derechos colectivos y difusos; así como a los medioambientales.
Una cuestión para tomar en cuenta es que las normas extienden el concepto de administración pública a las empresas y entidades privadas que ofrecen servicios públicos prioritarios.
En esta última categoría entran las entidades y corporaciones que suministran servicios en las áreas de educación y salud privadas, electricidad, agua, comunicaciones, como teléfonos, internet, cable y otros.
La tarea es continuar la lucha para evitar que la República Dominicana siga siendo la sociedad de los favores políticos.
