Carlos Salcedo
En el Estado Constitucional los derechos fundamentales son de su esencia. El Estado debe ajustar su actuación a la garantía de dichos derechos.
Frente a un Estado con tendencia natural a la arbitrariedad, hay normas que limitan su poder, poniéndose en funcionamiento instituciones y órganos para hacer realidad su función.
Mientras norma y sanción conforman el derecho penal constitucional, de la mano de principios restrictivos —legalidad, lesividad y subsidiariedad—, aquel permite al Estado intervenir en la vida del ciudadano para comprobar la comisión del hecho prohibido o el incumplimiento del mandato legal y dictar la sanción correspondiente. Para ello existen garantías procesales y orgánicas, como la presunción de inocencia, defensa eficaz, tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a jueces imparciales.
De la democracia representativa hemos pasado a la democracia inmediata y de masas. Las herramientas digitales permiten hacer efectivos materialmente y más rápidamente los principios democráticos de participación y transparencia, estando ahora más cerca, directa y rápidamente del poder.
Pero, por las consecuencias prácticas del desarrollo de la sociedad digital, sin resguardos institucionales adecuados, se impacta el equilibrio logrado en la función del Estado como titular del poder punitivo y garante, al agregarse poderes externos sin límites definidos debidamente.
El desafío del Estado es no sacrificar el Estado de Constitucional ni los derechos fundamentales, con la bandera de crecer en democracia participativa, pues esta comporta límites.
En esta dualidad, la presunción de inocencia es pilar del Estado Constitucional, afectado por la colisión de los intereses del Estado garante, poseedor del monopolio de la coerción legítima y los poderes desmedidos propios de la sociedad digital.
Aun cuando el derecho procesal penal reserva las informaciones en la etapa preparatoria y garantiza el estado de inocencia del procesado hasta que no sea establecida la verdad judicial, en los hechos se pone en peligro para responder a las exigencias de la sociedad de sus derechos de información y libertad de expresión y difusión del pensamiento, exacerbados por discursos populares de reclamos de venganza penal.
Con la bandera democrática se afectan los derechos fundamentales de los individuos objeto de persecución penal. Aunque formalmente se garantice la presunción de inocencia, en los hechos se promueve la presunción de culpabilidad. El Estado debe crear los límites al poder salvaje para que el proceso penal cumpla su rol, única garantía de legitimidad.
