Sociedad debe exigir ley Extinción Dominio

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Antonio Taveras, insta a la sociedad en general a exigir la aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio para recuperar los bienes adquiridos mediante actos ilícitos, como la corrupción.

Entiende que si la población se empodera, como lo ha hecho con la persecución de la corrupción y el cese de la impunidad, no hay forma de que no se le dé salida a esa iniciativa legislativa, que lleva 10 años en el Congreso.

“Este es el momento propicio para que la sociedad asuma este proyecto de ley”, dijo en una visita al director del periódico EL DÍA, José P. Monegro, a la que acudió acompañado de sus asesores Edgar García Cabrera y Jaime Rodríguez; así como de la periodista Pamela de la Rosa.

Sociedad enferma
Antonio Taveras afirmó que la aprobación del referido proyecto es lo que se necesita para sanar esta sociedad, “que está enferma porque no cree en nada ni en nadie, ni tiene un consenso entre lo que es honesto y lo que no”.

Indicó que en este país hay un atraso institucional enorme y vive en conflicto permanente, porque “se le busca un bajadero a todo”.

Tiene las condiciones para desarrollarse, pero las debilidades institucionales hacen que no se camine con la celeridad que se quiere.

“Esta sociedad hay que sanarla y esta ley puede ayudarla. Cuando terminemos con la impunidad y corrupción, lo que es corrupto y lo que no se va a esclarecer”, afirmó.

Trabas para la ley
Antonio Taveras indicó que la ley, que concibe un juicio paralelo para el infractor y sus bienes, está en proceso de discusión por una comisión bicameral, pero hay trabas “de parte de grupos de intereses organizados, comprometidos históricamente con la corrupción”.

Ley de Extinción

—1— Dominio
Dominio se refiere al poder que una persona tiene sobre una cosa (propiedad).
—2— Extinción
La extinción de dominio supone la pérdida de “poder” que la persona tiene sobre un “bien”.
—3— Objetivo
A través de esta ley el Estado puede procurar que un tribunal declare mediante sentencia la ilicitud de un bien adquirido como consecuencia de actividad ilícita, y luego confiscarlo.