Basta echar una mirada a las estadísticas sobre salarios y costo de la vida para evidenciar las condiciones de trabajo en que vive la gran mayoría de los trabajadores dominicanos. Veamos:

• En la actualidad, el salario real promedio nacional es un 20% inferior al salario real que se devengaba en 1999; es decir, solo permite comprar un 80% de los bienes y servicios que se podían adquirir en 1999.

• La participación de los trabajadores en el producto de su trabajo es cada vez menor. A nivel nacional, si dicha participación superaba el 50% en 1996, ahora es menos de un tercio (30%).

Las mayores caídas se han producido en los sectores más productivos y donde más ha crecido la productividad en los últimos veinte años (industrias y manufacturas).

• De 22 salarios mínimos legales hoy vigentes (cantidad inexplicablemente alta y que permite a la clase patronal usar el salario siempre como “factor de ajuste”), solo dos superan la canasta familiar nacional y catorce se encuentran por debajo del costo de la canasta familiar para hogares de menores ingresos.

• En 2017 el 60% de los ocupados perceptores de ingresos declaró percibir, en promedio, un ingreso (RD$11,734.78) por debajo del costo de la canasta familiar más baja (RD$13,346.74); y, asimismo, el 80% declaró percibir, en promedio, un ingreso muy por debajo del costo de la canasta media (RD$23,422.45).

• Tomando en cuenta solo los ingresos laborales (excluyendo las remesas y la asistencia del gobierno), el 48% de los trabajadores y sus familiares se encuentra por debajo de la línea de pobreza oficial, establecida en RD$4,644 por persona. Y si fijásemos, hipotéticamente, dicha línea en 150 dólares, es decir en RD$6,925, el 58.7% de la población se ubicaría por debajo de la línea de pobreza.

Estos datos evidencian claramente que la gran mayoría de dominicanos y dominicanas -incluyendo la mayoría de emprendedores particulares y cuentapropistas- se encuentran en condiciones de sobreexplotación laboral, pues los salarios que reciben por el fruto de su trabajo no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas de subsistencia para ellos y sus familias.

Esto viola la Constitución, los Derechos Fundamentales y el Código de Trabajo.

Esta realidad de sobreexplotación no es por falta de riqueza, sino algo distinto: el bizcocho de la economía aumenta de tamaño, pero un pequeño grupo cada día concentra una parte más grande, y la clase trabajadora recibe cada vez un pedacito más chiquito.

La brutal desigualdad en la distribución de la riqueza, es decir la injusticia social, es la causa de la miseria, el sufrimiento, la ausencia de derechos, compensados apenas con asistencialismo, clientelismo y el sudor de nuestros millones de emigrantes.

Por esto no es de extrañar que los hogares dominicanos, según el Banco Central, dediquen el 39% de sus ingresos monetarios a pagar servicios de deuda, pues se ven obligados a contraer préstamos para satisfacer parte de las necesidades básicas que no pueden ser satisfechas con sus bajísimos salarios.

La próxima semana veremos cómo esto expresa que la Constitución es letra muerta, fruto de una ausencia de políticas que transformen esta trágica realidad, más allá de declaraciones. Sin cambiar esto, de nada sirve rasgar vestiduras, darse golpes en el pecho u ofrecer paraísos inalcanzables.