Como era de esperar, que entre los candidatos al Tribunal Constitucional haya juristas bien formados y ajenosal autoritarismo ha hecho saltar las alarmas de los ultraconservadores dominicanos.
Puesto que no hay forma de cuestionar sus conocimientos en la materia de la que se ocupa el Tribunal, han centrado sus esfuerzos en el uso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un peritaje sobre la sentencia TC/0168/13 elaborado por uno de los candidatos.
Esta persona, con quien me unen lazos de profunda amistad, es uno de los profesionales mejor preparados en Derecho Constitucional con los que cuenta el país, y eso nadie lo cuestiona. De ahí que los ataques de los que es objeto sean oblicuos, indirectos.
El argumento de los ultra puede resumirse en que a pesar de la capacidad probada del candidato, no debe acceder al Tribunal Constitucional porque en esa ocasión criticó ante un órgano internacional una decisión del Tribunal y, por extensión, del país.
Añaden que como República Dominicana podía haber sido condenada (como en efecto lo fue), ese peritaje es un acto de deslealtad que lodescalifica para ser juez constitucional.
Quienes esto sostienen demuestran no entenderla naturaleza del Tribunal Constitucional ni su papel inherente, que no es otro que la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la Constitución.
Por este motivo, su labor es, precisamente, decirle al Estado que se ha equivocado, que ha violado los derechos fundamentales de las personas y que debe corregir sus actuaciones.
Puede hacerlo incluso sobre sus propias decisiones, modificando criterios propios que considere que constituyeron errores.
Así que quienes no guardan coherencia con el papel constitucional del Tribunal son aquellos que critican a quien actuó en defensa de su visión del alcance de los derechos fundamentales.
Pero no solo son incoherentes de cara al Tribunal, sino también con ellos mismos. Algunos de los principales promotores de esta crítica son quienes, en defensa de un banquero de triste historia, sometieron hasta cinco instancias ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Otros, menos activos, pero más influyentes, se hacen eco con frecuencia ante la Sociedad Interamericana de Prensa de denuncias sobre la vulneración a la libertad de expresión en toda América Latina.
Las denuncias contra los Estados son parte normal y natural del estado de Derecho. Para eso están los tribunales: para que la gente se queje de sus Estados y reciba respuesta.
Pretender cuestionar un candidato porque actuó en consecuencia es una incongruencia insuperable. Como dice la sabiduría popular: “lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”.
