¿Cómo es posible que el Secretario General de la OEA esté interviniendo flagrantemente en los asuntos políticos internos de Bolivia, si el artículo 1 de la Carta de la OEA la establece como una “organismo regional” sin “más facultades que aquellas que expresamente le confiere la Carta”, a la vez que ninguna disposición “la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”? Almagro es un usurpador, toda vez que el artículo 54 de la referida carta reza: “la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización”.

¿Cómo es posible que el señor Almagro se coordine con la autoproclamada Áñez para hablar de un “fraude demostrado”, siendo que la OEA fue invitada por el propio gobierno, primero a observar y luego a auditar las elecciones, y su informe jamás menciona tales términos, diciendo claramente que “resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar” y que “los técnicos de la OEA contaron con la necesaria información y accesos para poder realizar su trabajo”? La recomendación de realizar “otro proceso electoral” fue acogida a las pocas horas por el mismo Morales, llamando a nuevas elecciones.

No contando aun con ninguna prueba de ningún fraude, pero en caso de que las encontraran, ¿por qué los parlamentarios opositores no acudieron al artículo 184 de la Constitución que les permite autorizar el juicio al Presidente o Vicepresidente “por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, en proceso oral, público, continuo e ininterrumpido”?

¿Cómo se puede aceptar que la jefatura militar y policial “pidiera” públicamente al presidente su renuncia, si los artículos 244 al 246 indican entre sus funciones “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”, que su organización “descansa en su jerarquía y disciplina”, que es “esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares” añadiendo que “como organismo institucional no realiza acción política” y “dependen del Presidente del Estado”?

Por último, ¿porqué no solo no aceptaron la convocatoria a nuevas elecciones, sino que tampoco hicieron uso oportuno del recurso constitucional de la revocación de mandato, existente en muy pocos países, entre ellos Bolivia, y que autoriza a revocar a toda persona que ejerza un cargo electo, pudiendo proceder por iniciativa ciudadana “a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral”, transcurrida la mitad del mandato?
Dicen que en Bolivia derrocaron a Evo “sin disparar un solo tiro”. Ojo con frases tan cortas que suelen llegar al reduccionismo.

A Salvador Allende se le invitó a renunciar, incluso se le ofreció un avión, con un ultimátum hasta las 11 a. m.

También el derrocamiento de Bosch en República Dominicana se hizo “sin un solo tiro”. Lo apresaron en el Palacio y lo expulsaron del país en barco militar. En ambos casos después aparecieron los “políticos civiles” a firmar un acta o saludar a los “redentores” en una misa. Son los que limpian la escena del crimen, y hasta usan Biblias para declarar su inocencia.

Pero todo golpe de Estado cumple su regla de oro: con títulos como “transición democrática” violan la legalidad nacional e internacional, otra vez con la complicidad de los mandos de la OEA, para lograr que una minoría derrotada de manera contundente se imponga a la mayoría, queriendo ganar con la fuerza lo que no ganaron ni quisieron ganar con votos.

No solo deponen presidentes, sino que se atribuyen la refundación del Estado y la depuración política.

En Bolivia ya superan los 20 muertos y más de 500 personas atropelladas en sus derechos, según la Defensoría del Pueblo.