Para que la ciudadanía ejerza el control democrático, los servidores públicos están sujetos a mecanismos que garantizan la transparencia de sus respectivas actuaciones. Para legitimar sus gestiones los funcionarios públicos están sujetos a controles internos y externos, deben ser auditados y tienen la obligación de rendir cuentas, condición necesaria para el otorgamiento del correspondiente descargo por parte del pueblo.

Ahora que se han publicado varias auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y muchos afirman que se trata de una estrategia político electoral del Gobierno, creo necesario recordar que sin mecanismos de control y fiscalización no hay democracia. Sería ilusorio pensar que, sin informaciones o con publicaciones de informaciones dispersas, distorsionadas, intrascendentes o reducidas, los ciudadanos puedan ejercer su poder en un sistema democrático.
Evaluar, fiscalizar y ejercer el control a los funcionarios, de elección o de designación, para que todos podamos conocer de la corrección o incorrección de las actividades y actos de gobierno, es imperativo en democracia.

Los mecanismos horizontales de control parecen más bien formales. Son estos, el que ejerce la Contraloría General de la República –control interno-, la Cámara de Cuentas -control externo- y los contrapesos derivados de la división de poderes, como el que ejerce el Poder Legislativo sobre los actos del Poder Ejecutivo y el control de la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo por parte del Tribunal Constitucional.

Es debido a la falta de implementación efectiva de los instrumentos de control horizontal y con ello también a las debilidades del control externo de la actividad pública que fue adquiriendo fuerza la idea de la rendición de cuentas vertical o el que ejerce la sociedad civil, por oposición a la burocracia estatal.

Para hacer concreto este mecanismo fue aprobada la Ley General de Acceso a la Información Pública, para permitir a la ciudadanía pedir y obtener las informaciones, sin más formalidades que la sola demostración de ser ciudadano dominicano.

Ahora que se realizan y hacen públicas varias auditorías realizadas a diversas instituciones estatales debemos respaldarlas, pues ello permite que los funcionarios corrijan aquello que han hecho irregularmente o sufran las consecuencias sancionadoras previstas en la Constitución y las leyes y quienes lo han hecho correctamente puedan seguir exhibiendo la mejor gestión posible de gobierno y hasta pueda granjearles un nuevo voto de confianza ciudadana.