Más que anunciar soluciones, el presidente comenzó a preparar al país para soportar las consecuencias de una crisis externa, procurando que el costo político no recaiga enteramente sobre su gobierno.
Eso fue, en esencia, el mensaje del presidente Abinader este pasado domingo. Serenidad, ajustes graduales, subsidios focalizados y una apelación directa a la corresponsabilidad social. El problema no está en reconocer la magnitud del choque internacional. El problema está en que, dentro del paquete de protección anunciado, no aparecen los ayuntamientos, justamente el nivel de gobierno que recibe primero el golpe cuando la vida cotidiana se encarece.
El presidente informó que el Gobierno reasignará cerca de RD$10,000 millones para fortalecer programas sociales, mantendrá sin alza el GLP, subsidiará fertilizantes con un monto inicial de RD$1,000 millones y procurará sostener la inversión pública.
También admitió que habrá presiones sobre la tarifa eléctrica, el transporte y los alimentos. Todo eso puede ser razonable dentro de una lógica macroeconómica. Pero si el diagnóstico incluye electricidad, combustibles, transporte y alimentos, entonces resulta incompleto dejar fuera a los gobiernos locales, que son quienes convierten esos costos en servicios concretos o, peor aún, en deficiencias visibles cuando no pueden sostenerlos.
La Ley 176-07 no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de esos servicios. Los ayuntamientos tienen entre sus competencias propias colaborar en el ordenamiento del tránsito, la gestión del espacio público, el saneamiento ambiental, el alumbrado público, la limpieza vial.
Además, esa misma ley establece como servicios municipales mínimos obligatorios la recogida de desechos, el mantenimiento de calles, aceras y caminos, la protección civil, la prevención de incendios y los servicios sociales básicos.
Es decir, no estamos hablando de gastos accesorios ni de una burocracia ornamental. Estamos hablando del funcionamiento elemental de la ciudad y de la vida diaria de la gente.
Por eso sostengo que cualquier paquete serio de mitigación debió contemplar una línea especial de apoyo operativo a los ayuntamientos. Cuando sube el combustible, sube el costo de recoger basura. Cuando sube la electricidad, se resiente el alumbrado y las infraestructuras municipales. Cuando aumentan los materiales y el transporte, se encarece tapar un hoyo, reparar una acera o mantener una flotilla mínima.
Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, el ciudadano no va a reclamarle primero al Ministerio de Hacienda ni al Banco Central, va a reclamarle a su alcalde, a su junta municipal y al ayuntamiento de su demarcación. Esa es la crudeza del poder local, pues éste administra la cercanía, pero también recibe de frente el descontento.
Hay otro elemento decisivo. El propio marco legal y presupuestario municipal refleja la estrechez con la que operan los gobiernos locales. La Ley 166-03 reconoce que los recursos que antes estaban destinados a los municipios eran “notoriamente insuficiente” para cubrir gastos operativos, servicios e infraestructuras, y por eso elevó la participación al 10 % de los ingresos del Estado.
La Ley 176-07, además, impone una composición rígida del gasto municipal, eso significa que, ante choques inflacionarios o energéticos, el margen de maniobra local es limitado. En 2026, los gobiernos locales representan RD$33,202.9 millones de demanda agregada y concentran el 6.6 % del empleo público, lo que confirma que no son un actor menor dentro del aparato estatal.
Si el Gobierno entiende que hay que proteger hogares, agricultura, combustibles y electricidad, también debe entender que hay que proteger la operación municipal.
