Periodista Luis García
Hasta hace poco más de un año, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales fueron inundadas con denuncias de delitos y crímenes ambientales al nivel nacional, contribuyendo a sensibilizar a la sociedad dominicana acerca de la necesidad de preservar el medio ambiente y de los recursos naturales.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Marcha Verde, SOS Ambiente RD, la Sociedad Ecológica del Cibao y el Grupo Jaragua, solo por mencionar una larga hilera de organizaciones que no callaban en denunciar las agresiones.
Algunas, como el caso de SOS Ambiente RD, llegaron a pedir la destitución de Bautista Rojas Gómez, Francisco Domínguez Brito y Ángel Estévez, los últimos ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) antes de salir del poder en agosto de 2020.
Incluso, más allá de las instituciones a las que representaban, los denunciantes personalizaron sus nombres a la defensa ambiental por la asiduidad de sus intervenciones mediáticas. Destacaron durante los años de oro de la “sensibilidad ambiental” Yolanda León, Luis Carvajal, Max Puig, Chino Sing, los sacerdotes Nino Ramos y Rogelio Cruz y algunos periodistas con influencia en la opinión pública.
La defensa resultó tan contundente que lograron vencer las pretensiones de explotación, con fines mineros, de una parte de los terrenos en que está situada Loma de Miranda; y hasta se logró una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), en 2019, prohibiendo la agricultura en Valle Nuevo, en el municipio de Constanza, provincia La Vega.
El tema ambiental tuvo que ser colocado en las agendas de los gobiernos dominicanos que ejercieron durante las dos primeras décadas del siglo XXI, porque formaba parte de las reivindicaciones sociales. Un innegable logro de la sociedad civil, que generó beneficios políticos para las organizaciones opositoras.
La República Dominicana disfrutaba del panorama ideal para que las denuncias empujaran hacia la consecución de los derechos ambientales de tercera generación que consagran la Constitución Dominicana del año 2010 y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Repentinamente, como un relámpago, coincidiendo con el advenimiento al poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la dirección del Estado, en agosto de 2020, se ha producido un silencio ecológico que llega hasta estos días. Callaron, o se callaron los cantores de la vida que protegían el medio ambiente y los recursos naturales.
El temor es que esa irresponsable actitud también calle la vida de los pájaros, de los peces, de los animales y de la especie humana que cohabitan en esta parte de la isla La Española.
El Parque Nacional Jaragua hoy no tiene voz; tampoco el río Yuna, depredado por granceras ante los ojos de todo el que circule por la autopista Duarte; la explotación ilegal de los acuíferos Yubazo y Nizao ha pasado a ser de antología; y la tala de árboles para la elaboración de carbón vegetal se ha intensificado más que nunca en la Sierra de Bahoruco y otras demarcaciones del país.
El histórico río Masacre no solo se cruza a pie, evocando la narración de Freddy Prestol Castillo, sino que, en determinados puntos, para conseguir agua hay que cavar en la arena. La razón no radica en el largo período de estiaje; está en la deforestación de su cuenca alta en el municipio de Restauración.
La pregunta obligada es ¿por qué el silencio de los ecologistas dominicanos? La respuesta ameritaría una investigación; tal vez tengan razones de peso para justificar el comportamiento.
