Hace ya más de una semana que intenté comunicarme por varias vías con el Juez Presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario.
Ya lo había hecho antes por los mismos mecanismos, cuando se logró instalar equipos de cedulación en varios lugares de Canadá, pero esta vez ha sido imposible.
Reconozco que estos son días de mucho trabajo para el magistrado. Quizás alguien tenga la gentileza de leerle esto, pues la comunidad dominicana en Toronto, Canadá, se siente burlada y excluida.
Toronto, la ciudad más grande de Canadá, con sus casi 7 millones de habitantes al incluir zonas aledañas, y con una creciente población dominicana fue centro de votación en los años 2008 y 2012; sin embargo, no ha sido incluida como lugar de sufragio para los dominicanos en las próximas elecciones. En el año 2008 ganó el PLD, y en el año 2012 el PLD fue derrotado.
La alternativa que se la ha planteado a los votantes dominicanos es desplazarse 550 kilómetros hasta Montreal, o para ponerlo en contexto, unos 30 kilómetros más lejos que ir de Punta Cana a Puerto Príncipe, Haití.
Peor aún, hay mucha confusión por el hecho de que se desconoce si al no estar empadronados allá se pueda votar.
Montreal es una ciudad hermosa y de su consulado se tienen las mejores referencias, tengo entendido que la cónsul es la esposa del señor Frank Cabral, un reconocido asesor de los organismos de inteligencia dominicanos.
Por otro lado, no ha caído muy bien por estos predios que quien haya venido a dar la noticia de que no se puede votar en Toronto, sea el señor Elpidio De La Rosa, Encargado de la oficina para registro de electores del exterior en New York (OPREE NY).
Resulta que el señor Elpidio De La Rosa figura como implicado en el caso de la desaparición de unos tres vehículos de la Junta Central Electoral, la reparación de otros cuantos vehículos de particulares pero pagados con fondos de la JCE, y la alteración de facturas de reparaciones, cuando este se desempeñaba como encargado de la división de transportación de la JCE, suceso este que fuera documentado e investigado por el ministerio público. Tiempo después, y con el voto en contra del magistrado Eddy Olivares, fue trasladado y designado como Subdirector de la Dirección Nacional de Cedulación, habrá que concluir que de ahí paso a la actual posición.
En estas latitudes, el ser humano se acostumbra a ver transparencia en todas las actuaciones provenientes de poderes públicos e instituciones oficiales, y por eso se preguntan:
¿Fue esta persona descargada de las acusaciones que pesaban en su contra, sobre todo tratándose de un caso de falsificación?
La pregunta viene, dado el hecho de que si se encuentra sub júdice perfectamente podría ser objeto de presiones para que actúe de una forma u otra. A la JCE no le conviene que uno de sus funcionarios este bajo la espada de Damocles, ¿cierto?
En fin, una vez más, como dije al principio, espero que alguien pueda hacerle llegar estas inquietudes al magistrado Rosario.
Los que ejerceríamos el voto en Toronto, solo queremos entender estos cambios, y aclarar las credenciales de aquellos encargados de administrar el sufragio, considerado el mecanismo de legitimación de los gobiernos democráticos.
Hasta ahora nadie despeja esas interrogantes.
Si fuera tan amable magistrado Rosario.