Shakira.
Barcelona .- La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué firmaron este jueves en un juzgado de Barcelona (noreste español) el acuerdo que permitirá a la artista poder establecerse con sus hijos, Milan y Sasha, en Miami (Estados Unidos).
El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos tras su separación, anunciada esta primavera. Shakira y Piqué llegaron hoy por separado al juzgado y acompañados de los respectivos letrados.
Tras rubricar el acuerdo, el letrado de Gerard Piqué, Ramon Tamborero, explicó a la prensa que “los dos están más tranquilos, más relajados”, y han pensado “en el bien de sus hijos».
El trámite de la firma transcurrió de forma “correcta, como no se esperaba de otra manera, delante del juzgado, y a partir de ahora a esperar la sentencia una vez que el fiscal apruebe el convenio”, destacó Tamborero.
El futbolista Gerard Piqué, a su salida del Juzgado de primera instancia y familia número 18 de Barcelona tras firmar.
El abogado desmintió algunas informaciones que aseguraban que el acuerdo impedía a Piqué establecer su residencia en Miami o que no podrían verse con los niños acompañados de sus futuras parejas.
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Por su parte, ni la letrada de Shakira ni la propia cantante quisieron atender a la prensa.
Hace unas semanas, Shakira y Piqué explicaron en un comunicado que habían firmado “un acuerdo que garantiza el bienestar” de sus hijos y que estaba pendiente de ratificarse ante el juzgado “como parte de un trámite meramente formal».
Fuentes del entorno de la cantante explicaron entonces a EFE que la artista prevé mudarse a Miami con sus hijos a principios del próximo año desde Barcelona, ciudad donde nacieron, han vivido los últimos ocho años y están escolarizados.
La artista tiene ya desde hace años una residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también.
Más allá de la cuestión de la separación y la custodia de los niños, Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública.
La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros (cerca de 24 millones de dólares).
