Gabriel Sánchez, vocero del Falpo.
Como reza la canción La Maza, del cantautor cubano Silvio Rodríguez, “un servidor del pasado en copa nueva», así mismo, cada cierto tiempo, los gobiernos o la sociedad reciclan o crean nuevas terminologías para redesignar fenómenos ya conocidos, con el único objetivo de hacer viables sus nuevos o viejos proyectos.
El término Alianza Público Privada (APP) es actualmente introducido en la sociedad dominicana con el único propósito de hacer más exótico un término y proyecto ya rancio muy conocido en el país: la privatización de los servicios. En este caso la del agua potable.
Algunos de los primeros en presentar proyectos de privatización de agua fueron los exsenadores Heinz Vieluf, de Monte Cristi, y Adriano Sánchez Roa, de Elías Piña.
Posteriormente presentó su propio proyecto el exsenador de Monseñor Nouel, Félix Nova.
Pero sería injusto culpar a estos senadores de la irresponsabilidad de querer privatizar nuestro recurso más valioso, la responsabilidad exclusiva es de los ex presidentes de la República Leonel Fernández y Danilo Medina.
Ambos proyectos buscaban en el fondo lo mismo; quitar el derecho humano al agua, el cual no solo está consagrado en la Constitución de la República Dominicana, sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna».
Hoy día, surgen cantos de sirenas que pretenden vender ideas viejas como nuevas. Y para lograr que compremos esas «Nuevas Ideas» se pretende modificar normas internas de las instituciones dominicanas, con el único interés de imponer personas específicas, fichas claves que impondrían esos proyectos del sector privado y que vendrían a concretar la tan anhelada alianza público privada o privatización del agua.
Porque mejor no se modifican la ley para organizar la dispersión y el desorden que existe en cuanto a la política del agua en el país. Un desmembramiento que incluye, INAPA, CORAAMOCA, CORAASAN, CORAAHIGUEL y un largo etc.
Creer que el pueblo va a permitir que le arrebaten el derecho que tiene al agua y no habrá graves consecuencias es pecar de ingenuos. Si las nuevas autoridades no quieren desatar grandes batallas que no toquen esa tecla, pues la lucha por el agua es una lucha por la vida.
El agua es un derecho humano, no una mercancía. y los derechos humanos no se negocian.
