La cotidianidad en la vida del servidor público discurre en un constante decidir si las acciones que ha de tomar servirán mejor al interés público al cual está nombrado para defender, o si ha de accionar en función del servicio político que le permitió, junto a sus afines, alcanzar el poder político.
Tomemos como ejemplo de este proceso constante de decisión, lo que viene sucediendo desde hace más de un año con el hospital oncológico que se ha levantado en los terrenos aledaños a la UASD.
Ya nos hemos referido por esta vía en el pasado reciente sobre esta instalación, que lleva por nombre Hospital Rosa Emilia Tavares.
Resulta que tras una inversión a costos cuestionados, ensombrecida por los alegatos de sobreprecios en los costos de su construcción, chismeado porque supuestamente su equipamiento ha costado sumas muy superiores a los cuales se pueden adquirir los mismos aparatos del cual está dotado, el que la mayoría de los equipos sofisticados han permanecido tanto tiempo sin completarse su instalación o sin instalarse que ya presentan un serio deterioro, y aún no hay visos de que se le pueda dar apertura con un perfil de calidad de servicios similar al de su homólogo, que es operado por un patronato, sin fines de lucro.
Se pregunta uno, siendo la oncología un tema médico tan especializado, ¿no se hubiese servido mejor al bien común habiendo dispuesto que la operatividad y gestión del nuevo hospital se pusiese en manos del patronato que opera el Heriberto Pieter, en lugar de la maraña política en que se ha envuelto?
¿Son casos como estos que nos obligan a formular la interrogante de cuándo se sirve al interés público, y cuándo al interés político? En el caso del oncológico, pudiera ser que aún estemos a tiempo de servir al bien común.
