Aunque la responsabilidad de administrar justicia en una sociedad democrática parezca algo compleja, pudiera, a la vez, tratarse de una cuestión sencilla cuando el juez se ciñe, estrictamente y con independencia, a los principios y reglas que le ordenan la Constitución de la República y las leyes.

La sana administración de justicia simboliza una labor tan trascendente que resulta incomparable con cualquier otro servicio de los que ofrece el Estado. El hecho de decidir entre la prisión y el estado natural de las personas, que es la libertad, implica una enorme carga moral.

La existencia de una población de alrededor de 26 mil presos preventivos muestra que algo anda mal sociedad dominicana; sobre todo si se toma en cuenta que en los últimos años la declaratoria de complejidad de determinados casos judiciales y la imposición de 18 meses de reclusión adelantada se ha convertido en un modismo, por no decir un relajo.

Esto contrasta con el hecho de que, en teoría, a partir de la promulgación de la Constitución del año 2010, la República Dominicana pasó de un Estado de Derecho a un Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene como fundamento la dignidad de las personas.

En democracia resulta inverosímil que a una persona que se le acuse de algún crimen o delito se le envíe, en automático, por 18 meses a la cárcel, pudiendo esta llevar en libertad el proceso hasta que se demuestre su culpabilidad o inocencia.

Un buen juez en una sociedad democrática es aquel que no aparenta ser un sello gomígrafo de nadie. Es aquel que no condiciona sus decisiones a la presión social, mediática o gubernamental. Es aquel cuyas actuaciones no constituyen la plataforma para ascender en la carrera judicial.

Es aquel que sabe que su único compromiso es con los principios y valores democráticos. Es aquel que falla los casos conforme al derecho y a los hechos. En definitiva, el buen juez es aquel que llega al sublime escalón espiritual en el sentido de que la creación de conciencia moral es el fin último de la condición humana.

Cada vez que un magistrado actúa en rol de servidor público debe ser consciente que la función esencial del Estado consiste en la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
En el país impera la teoría de separación de los poderes del Estado ideada por el filósofo y jurista francés Charles de Secondant (Montesquieu).

Desafortunadamente, existe la narrativa de que parecería que el Poder Judicial se ve a la sombra del Ejecutivo, lo que, en el hipotético caso de que lo fuera, iría contra los principios y valores democráticos.

La escritora adventista Elena G. de White escribió, sin que se estuviese refiriéndose a determinados juezas y jueces dominicanos, “el mundo necesita de mujeres y hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, que no teman dar al pecado el nombre le corresponde, que no se vendan ni se compren y que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos”.

Hay algo más fuerte que el hierro, más duradero que el acero y de más valor que el oro: la palabra de un hombre íntegro.