La separación o independencia de poderes del Estado es una condición esencial del Estado de derecho. Charles Montesquieu, ilustre autor de “El espíritu de las leyes”, sostuvo que si el Poder Legislativo y Ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, “entonces no hay libertad” y que sin independencia el “imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario”.

La independencia de los poderes es la que permite la existencia del contrapeso y el equilibrio en el ejercicio de gobierno. En la misma línea Montesquieu permite ver lo fatal, desde la perspectiva del derecho, que es que el Poder Judicial sea elegido por los mismos a quienes ese poder debiera vigilar, fiscalizar y juzgar.

El desconocimiento de estos elevados criterios es lo que explica que se escogiera, obviando sanas recomendaciones, para presidir la Suprema Corte de Justicia, a una persona integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y desprovista del atributo de ser parte de la carrera judicial. Todo para que el presidente de la República pudiera disponer de “su” justicia.

Recuérdese que el señor presidente de la República, Lic. Danilo Medina, había proclamado con anterioridad su deseo de tener “su” congreso.

Variadas y autorizadas voces del país han expresado su preocupación frente a pronunciamientos y acciones desde el litoral oficial. Aquí se puede destacar la declaración del arzobispo Francisco Ozoria y las intervenciones de sacerdotes en el sermón de las 7 palabras, así como las declaraciones públicas de religiosos evangélicos, oponiéndose a la modificación de la Constitución para viabilizar la reelección.

Estas preocupaciones adquieren la mayor pertinencia en la actualidad, en que se llevan a cabo reiteradas acciones de intervención telefónica, acometidas y reconocidas por el Ministerio Público.

Los “pinches” de teléfonos realizados contra ciudadanos, opositores y hasta jueces, son violatorios del derecho a la intimidad de las personas, consagrado por la Constitución de la República.

Adquieren pertinencia también, en momentos en que el presidente del Senado amenaza al presidente del Tribunal Superior Electoral por cumplir con su deber; tienen pertinencia en momentos en que periodistas son retirados de programas de radio y televisión por “quejas” de altos funcionarios, y en momentos en que altos dirigentes de los trabajadores refieren que la libertad sindical es, en muchos casos, una prerrogativa que no se respeta.

Algunas manifestaciones actuales son señales para alarmarse. Máxime si consideramos el informe del PNUD, titulado “Calidad democrática en la República Dominicana”, que en sus considerandos finales establece que solo el 20% de los 108 indicadores de calidad utilizados “registran una situación aceptable”. La alarma es válida, tenemos una democracia muy deficiente.

El país debe demandar respeto a las reglas de juego, y a los que con su actuación demuestran preferir que se rompan las barajas.