santo Domingo.- En las últimas dos décadas la República Dominicana fue testigo del arresto de grandes narcotraficantes a quienes se les apresó, juzgó y, en algunos casos, fueron extraditados a Estados Unidos.
Luego de cumplir condenas mínimas fruto de las negociaciones con autoridades norteamericanas, a los infractores se les devuelve al suelo dominicana, donde proceden a reclamar en los tribunales sus propiedades, ya que el país carece de una Ley sobre el Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, que permita perseguir las posesiones adquiridas de manera ilegal.
Entre los casos más relevantes se destacan algunos narcos que lograron preservar gran parte de sus fortunas en los procesos judiciales en el extranjero. En la lista figuran: Quirino Ernesto Paulino Castillo, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), Carlos Rossó Peña, Miguel Antonio Suárez Silfa, Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, José David Figueroa Agosto, Ramón Elías Tavárez Lebrén, José Arismendy Almonte Peña (Joselito.com), Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), Julio de los Santos (Julito Kilo) y Jesús Cabrera Ruiz.
Fortunas lavadas
Villas, fincas, yates, casas, apartamentos, vehículos de lujo, relojes y grandes extensiones de tierra están entre los bienes que las autoridades tuvieron que devolver a implicados en hechos delictivos.
Solo Paulino Castillo, excapitán del Ejército dominicano y uno de los más reconocidos narcotraficantes del país, acumuló una fortuna valorada en RD$2,000 millones, de acuerdo con datos ofrecidos por la Fiscalía del Distrito Nacional.
Tras un acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, renunció a la suma de US$14.5 millones (520 millones de pesos para la época), y conservó una buena parte de sus ganancias.
Según el Ministerio Público de la República Dominicana, los bienes obtenidos por Figueroa Agosto ascendían, en el 2011, a RD$500 millones en el país y otros US$100 millones en Puerto Rico. En tanto las pertenencias y negocios de Rosario Puente en su momento fueron valorados en RD$100 millones.
Mecanismos legales
En junio de 2017, durante el mandato del presidente Danilo Medina, se promulgó la Ley 155-17 Contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Mediante esta legislación se fortalecieron los mecanismos legales que permiten calificar las actuaciones de las personas que realizan hechos delictivos orientados al narcotráfico y lavado.
Sin embargo, antes de la promulgación de esta nueva ley, en 2016, los senadores Adriano Sánchez Roa, Charles Mariotti y Julio César Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sometieron el proyecto de ley sobre el Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, con el objetivo de obtener una herramienta para recuperar esos activos producto de la criminalidad.
De igual forma, Robert Thomas, encargado de Negocios de la embajada estadounidense en República Dominicana, externó el deseo de trabajar con “el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita a su gobierno recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano”.
