Dunia De Windt
Recuerdo que en el año 2009 el ex presidente Jimmy Carter visitó nuestro país y dijo en su momento algo que ya sabemos, “no hay forma alguna de que la República Dominicana sea capaz de detener la inmigración haitiana por la frontera que une a ambas naciones”. Es decir, para bien o para mal, la inmigración es un fenómeno imparable. Nuestro país no es la excepción y mucho menos Haití. ¿A dónde va a emigrar el pueblo haitiano de escasos recursos que no sea a República Dominicana? Todos tenemos el derecho a comer y sobrevivir.
En ese sentido, la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional que ha dado tanto y tanto que hablar, escribir y vociferar en todos los medios de comunicación online como en los tradicionales, a favor o en contra, es mi opinión una sentencia desproporcionada y mal concebida.
A los que nos hemos levantando en contra de esa sentencia, nos han dicho todos los epítetos pensados y hasta de “traidores a la patria” nos tildan algunos que van de intelectuales y defensores de la “dominicanidad” en el país.
Como si existiese un barómetro que mide si mi sentimiento de dominicanidad es más alto que el sentir de mi vecino. Me pregunto ¿quién será el más traidor a la patria si yo y quienes estamos en contra de esa ley o los distintos gobiernos que ha tenido esta media isla que han proporcionado por muchísimos años mano de obra haitiana para uso y abuso de antojos empresariales en un sistema de sobre-explotación que todos conocemos. Tanto en lo público como en el sector privado?
¿Quién es más traidor a la patria, yo o estos distintos gobiernos que no sólo se han beneficiado con este asunto haitiano, sino también han traicionado este país ofertando y vendiendo nuestros recursos naturales, mineros y demás a multinacionales para que nos chupen hasta el tuétano en base a contratos leoninos. Un contrato como el de la Barrick que algunos de ellos firmaron y ni había leído? ¡Bárbarossss!!!
Alzo mi voz en contra de esa ley de entelequia que no hará más que perjudicar la ya de por sí deteriorada relaciones bilaterales aunque otros digan lo contrario. La inmigración ilegal, esa mafia existente a ambos lados debe controlarse pero no en base a una sentencia con carácter retroactivo, con problemas de índole legal e injusta a ojos de cualquier entendido en la materia.
Tan mal formulada esta esa ley jamás vista que una comisión de “sabios” gastando del erario público tuvo que salir fuera del país a organismos internacionales a justificar su promulgación. Por cierto, antes, muchos de estos nacionalistas furibundos defendían el trabajo de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, hoy no permiten “injerencias”, ¿cómo se entiende esto?
¿Quién es más traidor?…… Estamos definitivamente en un Estado fallido.
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