Senasa y el costo político

Ante el gran escándalo que ha generado el caso Senasa, presunto desfalco que, de acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, es considerado uno de los hechos de corrupción más graves conocidos en República Dominicana, al punto de que el juez Rigoberto Sena lo calificó como uno de los procesos de corrupción más horrendos e indecorosos conocidos en los tribunales de la República.

El Seguro Nacional de Salud (SENASA) no es nada menos que el sistema dominicano de seguridad social: una institución autónoma y descentralizada, responsable de la administración de los riesgos de salud de sus afiliados; en pocas palabras, el sistema de protección de salud de la mayoría de los dominicanos. Dicha institución tiene a su cargo la responsabilidad de garantizar todo lo concerniente a los servicios de salud de la población, por lo que, conociendo el papel que desempeña, la convulsión generada por este caso resulta irreparable desde el punto de vista social y económico.

La sociedad dominicana nunca había atravesado un hecho tan horrendo como este, dirigido específicamente contra la población más necesitada. La gravedad de los hechos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público han dejado consternada a la sociedad dominicana, sorprendida por la falta de control de los órganos superiores, así como por la actitud de quienes califican como ajena la conducta de sus funcionarios.

Muchos se preguntarán si el Estado carece de mecanismos para controlar y frenar a tiempo los hechos de corrupción. Las advertencias y denuncias parecen no haber sido suficientes para detener oportunamente el daño causado a las familias más necesitadas de la República Dominicana en materia de salud y dignidad humana, dado que la tranquilidad que brinda un seguro de salud, que permite, entre otros beneficios, la visita a especialistas médicos y el acceso a medicamentos, forma parte de la protección que Senasa, en virtud de la ley, ofrece a todos sus afiliados.

Por estas y muchas razones, entendemos que el costo político de este accionar indecoroso dejará muy mal parado al partido de gobierno “PRM”, quien llego al poder proclamando la lucha contra la corrupción, sin advertir, que la sociedad política y aquellos que componen el cuerpo político para llegar al poder, reclaman los sudores gastados y el dinero invertido, lamentablemente en nuestro país hacer política tiene un costo muy alto; pensando de manera lógica y racional que la política sale barata es de ingenuos, y cada quien cobra lo que invierte.

Es necesario entender la idiosincrasia política dominicana para no predicar lo que, lamentablemente, se quiera o no, tomaría tiempo: construir un gobierno totalmente pulcro. Promulgar y abanderarse con una proclama anticorrupción sería como tener una casa con techo de vidrio frente a una granizada de hielo. La única forma de lograr estos objetivos es a través de elementos fundamentales como la educación, el trabajo, el desarrollo del sector privado y la alternabilidad política sin costo. Creando, frente a la sociedad y a las familias dominicanas, una independencia económica de subsistencia, no partidaria ni de gobierno, entonces nuestro país podría gozar de una administración pública fiscalizable, pulcra y cuestionable.

Al sol de hoy no sabemos qué movió o impulsó a este grupo de personas, sin tildarlas de culpables, a cometer un robo vulgar, cuya magnitud equivale a quitarle la comida a quien no tiene qué comer. Cuando, por las razones que fueren, se afecta la salud de los más necesitados, ello puede considerarse un acto de genocidio.

Los partidos políticos, sin excepción alguna, deberán educar a sus militantes y a quienes forman parte del cuerpo político, de modo que, al momento de llegar al poder, entiendan que no se trata de un festín económico ni de una fiesta de poder; la riqueza de un pueblo está representada por la humildad de quienes toman decisiones, tanto en el sector político como en el sector privado.

De no producirse un giro de 360 grados, República Dominicana, en un futuro muy cercano, podría perder a sus actores políticos y, en consecuencia, el sistema político dominicano y la democracia quedarían en juego. Para muestra, basta un botón: países de nuestra región que, por las mismas razones, han perdido credibilidad frente a su pueblo.

El caso Senasa será uno de los más emblemáticos de las últimas décadas, y dejará huellas imborrables en el accionar político y en el costo político del partido que hoy encabeza el gobierno. Lamentablemente, esta experiencia ha provocado que quienes defienden al PRM con pulcritud hoy se sientan devastados y derrotados, pues su bandera anticorrupción quedó sin palo ni mástil.

Los líderes políticos y quienes encabezan las banderas del sistema de partidos de la República Dominicana deberán realizar un ejercicio interno, crítico y realista para determinar con quién y con quiénes cuentan para el manejo de la administración pública. Es importante recalcar y recordarles que la paz social y la democracia están en manos de los partidos políticos; sin embargo, la sociedad dominicana también les reclama pulcritud en el manejo del erario público.