MONTEVIDEO.-El Senado uruguayo inició hoy el debate sobre el proyecto de ley que convertirá al país en el primero en legalizar la producción y venta de marihuana, bajo control estatal.
"La guerra contra las drogas ha fracasado", aseguró al presentar el proyecto el senador Roberto Conde, de la coalición gobernante de izquierda Frente Amplio, con mayoría parlamentaria que le asegura la aprobación del polémico texto.
El plan uruguayo, que va más allá que las flamantes legislaciones de los estados estadounidenses Washington y Colorado o de países como Holanda o España, es una "respuesta ineludible" a este fracaso, consideró.
El legislador aseguró que el proyecto busca un equilibrio entre la libertad de las personas y el deber de velar por su salud, pero también solucionar la "grotesca incongruencia jurídica" que implica que si bien el consumo de drogas no está penado en Uruguay, hasta ahora sí lo está su producción y comercialización.
La inédita iniciativa que habilitará la producción, distribución y venta de cannabis, el autocultivo y los clubes de consumidores, todo bajo control estatal, ha sido promovida por el presidente José Mujica, un exguerrillero de 78 años que no ha dudado en calificarla como un experimento.
Según el texto, los consumidores mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo -con un límite de seis plantas por persona, clubes de membresía o comprándola en farmacias, con un tope de 40 gramos mensuales.
En todos los casos deberán registrarse ante el Estado. La iniciativa es cuestionada por todos los partidos de la oposición pero también por los químicos farmacéuticos, que rechazan la idea de que la droga sea vendida en las farmacias, como está previsto.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que vigila la aplicación de los tratados internacionales sobre drogas, ha advertido que el proyecto vulnera la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes adoptada por 186 países, incluido Uruguay.
"Estamos convencidos de que podemos aplicar nuestra política en forma totalmente compatible con nuestras obligaciones internacionales", enfatizó el martes Conde.
La norma despierta además resistencia entre los 3,3 millones de uruguayos: una encuesta hecha en setiembre señaló que el 61% la desaprueba.
