Brasil.-El Senado brasileño, en una maratoniana sesión (que no concluyó al cierre de esta edición), se comenzó a inclinar ayer claramente en favor de instaurar un juicio político que suspenderá a la mandataria Dilma Rousseff durante al menos 180 días.

Cuando casi se habían cumplido las primeras 11 horas de la sesión en la que se juega el futuro de la presidenta, 23 de los 27 senadores que habían ocupado la tribuna declararon su inclinación a aprobar el juicio político, que suspendería a Rousseff del cargo durante los seis meses que puede durar el proceso.

En contra del llamado “impeachment” solo se habían pronunciado cuatro oradores, pero el resultado que se insinuaba aún no podía ser considerado definitivo, pues el pleno del Senado tiene 81 miembros y es necesaria una mayoría simple de 41 votos para aprobar el proceso. Si así fuera, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado a partir de mañana mismo por el vicepresidente Michel Temer, quien deberá completar el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 en caso de una definitiva destitución.

Los únicos senadores que hablaron contra el proceso fueron Angela Portela, Jorge Viana y Fátima Bezerra, todos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Telmário Mota, del Partido Democrático Laborista (PDT), una de las pocas formaciones que permanece en la menguada base política de Rousseff.

En sus discursos, insistieron en la tesis de que en Brasil está en marcha un “golpe contra la democracia”, a pesar de que hoy mismo la Corte Suprema, en su carácter de tribunal constitucional, avaló el desarrollo del proceso al negar un último recurso intentado por la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff.

La demanda exigía la “nulidad” de todo el proceso y alegaba para ello supuestos “vicios” detectados desde el propio inicio, pero fue negada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del tribunal.

El principal argumento de la demanda era un supuesto “desvío de finalidad” cometido en diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la presidenta.

En su decisión, Zavascki indicó que los alegatos de la defensa de Rousseff, que acusa a Cunha de actuar por “venganza”, están basados en información periodística que puede ser fácilmente contestada.

“No hay cómo identificar en un sinfín de titulares un conjunto probatorio capaz de demostrar, de forma jurídicamente incontestable, que aquellas iniciativas (de Cunha) hayan superado los límites de la oposición política, que es legítima, y hayan herido la validad del proceso de enjuiciamiento”, aseguró el magistrado.

Se espera que hoy, una vez notificada de la decisión del Senado, la presidenta Rousseff abandone la sede de la Presidencia, que deberá tener a Temer como nuevo inquilino.