Senado de la República.
SANTO DOMINGO.-El presidente de la comisión de justicia del Senado, Antonio Taveras, informó que se ha iniciado un proceso de contacto por separado con ministros y directores de entidades del Estado a los fines de instruirlos sobre el informe que deberán presentar al hemiciclo en el cual especifiquen las condiciones en las que encontraron en las entidades que les ha tocado dirigir.
Dicho informe es obligatorio y responde a una resolución aprobada por el Senado el pasado… y que tiene entre sus propósitos romper con el denominado borrón y cuenta nueva, según lo explicado por Taveras.
“Cuando los países hacen transiciones democráticas hay dos formas de reconciliar a la sociedad, una es llevando a la justicia a todo el que acometió crimen y segundo pedir un perdón colectivo”, dijo el senador de la provincia de Santo Domingo.
Agregó que la República Dominicana si bien tiene muchas potencialidades, las ha estado perdiendo por sus debilidades institucionales.
“Hemos mantenido un pacto histórico de impunidad un circulo pernicioso perverso que no nos permite avanzar, un luto permanente; todo el que tiene poder puede hacer lo que quiere con el dinero público y no se hace nada”.
Afirmó que el país está entrando en un nuevo ciclo político que se caracteriza por la participación de la gente a través de los movimientos sociales los cuales están empezando a auditar a los políticos.
Estamos entrando en un nuevo ciclo político y la participación de la gente es un signo distintivo, plaza de la bandera y todos los movimientos sociales no han sido casualidad, la gente está empezando a auditar a los políticos.
Todo el que quiera meter la mano va a estar siendo vigilado por la sociedad y ahí debe estar el Senado siendo vigilante de ese proceso.
“En este gobierno nosotros prometimos en campaña de que íbamos a tener un gobierno transparente, que se iba a ajustar cuentas y que cualquiera que cometiera improperios en este gobierno también sería procesado”.
Dijo además que pretenden devolverle al Senado el rol de fiscalizador que le corresponde constitucionalmente.
