SANT DOMINGO.- El Senado aprobó este martes a unanimidad y en única lectura la Ley Orgánica de Extinción de Dominio , para el decomiso de bienes ilícitos en la República Dominicana.
Los senadores acogieron las 38 modificaciones que hizo la Cámara de Diputados la semana pasada. La Ley será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La pieza busca recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero.
El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, dijo que la Ley de Extinción de Dominio fue aprobada tal como el pueblo la quería, como una ley orgánica.
Al iniciar los debates previo a la aprobación de la Ley, la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, criticó el manejo que se le dio al proyecto y que entre los cambios que se hicieron a la ley algunos se trataran de sustitución de palabras «para cambiar la retrospectiva» de la pieza, lo que considera envió un mal mensaje a la ciudadanía. Exhortó a los que pertenecen a partidos políticos a comunicarse entre sí y a dejar «el ego personal guardado».
Durante la sesión, los tres principales bloques partidarios en el Senado se adjudicaron el proyecto.
De su lado el senador Yván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó que la hoy la democracia dominicana celebra con jubilo el que los legisladores se hayan puesto de acuerdo para confeccionar esta iniciativa, que, dijo, «es hija del PLD».
Mientras que el vocero de la Fuerza del Pueblo, senador Dionis Sánchez, consideró valoró que se haya llegado a un consenso para aprobar la Ley de Extinción de Dominio. Precisó que esta iniciativa está establecida en la Constitución de 2010, aprobada en el gobierno del expresidente Leonel Fernández.
Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno, enfatizó que la Ley de Extinción de Dominio es el resultado de la voluntad política y el consenso del PRM, que encabeza la mayoría en la Cámara de Diputados como en el Senado. Saludó la posición fijada por los bloques de oposición sobre apoyar este proyecto ampliamente debatido.
La normativa indica que el juicio de extinción de dominio es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o de cualquier otra naturaleza jurisdiccional, administrativa o arbitral. Establece que la existencia de otro proceso judicial no podrá ser obstáculo para el inicio de un caso de extinción de dominio.
De igual manera, la iniciativa legislativa contempla presunción de buena fe en todo acto de negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de bienes, la imparcialidad e independencia de los jueces que conozcan estos procesos y la magnitud del daño con el o los crímenes que sirven de base para sustentar cada acción judicial por enriquecimiento ilícito.
La pieza legislativa, que fue presentada por separado por los senadores Antonio Taveras Guzmán, de la provincia Santo Domingo); Milcíades Franjul, de Peravia; Félix Bautista, de San Juan; Aris Yván Lorenzo, de Elías Piña; y José Del Castillo Saviñón, de Barahona, establece reglamentos para los procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la República Dominicana. Además, define las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación.
La extinción de dominio constituye una herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales, como el lavado de activos, el tráfico de drogas, la trata de personas, incluyendo inmigrantes ilegales y el proxenetismo, entre otros delitos.
