Matías Bosch, primer vicepresidente
Los dominicanos pagamos mucho dinero por la salud. Casi un 6 % del PIB, cerca de 200 mil millones de pesos.
Y la pagamos tres veces: impuestos para financiar un sistema público que no funciona como debe; luego un impuesto mensual para el seguro contributivo, así como financiamos el seguro subsidiado; y en un tercer momento cuando vamos al médico o farmacia y pagamos la famosa “diferencia” (copago), que se llama “gasto de bolsillo”, igual a un 41% de todo el gasto en salud.
Si pagamos tanto dinero y tantas veces, ¿por qué tenemos una salud tan precaria?
Según la Constitución, la salud integral y la seguridad social son derechos fundamentales de todos.
Pero en realidad es apenas una declaración: la propia Constitución dice que a partir de ahora el Estado se hará cargo sólo de los “grupos vulnerables” (lo que bota la ola) como si la salud fuera un favor caritativo.
Y en el artículo 219 señala el carácter subsidiario del Estado, es decir actuar sólo cuando los privados no puedan o no quieran.
Así quedó constitucionalizado el sistema de salud lucrativo y neoliberal, fruto de una ley de seguridad social que terminó siendo “un traje a la medida” de los bancos y empresas financieras.
En este modelo de corrupción legalizada, los dominicanos gastamos un dineral, pero para financiar la enfermedad, pues los hospitales y seguros sólo sirven cuando ya no estamos sanos.
Y el Estado se retira, pasando de ser un 31% del gasto (2008) a apenas un 23 % (2015), dejando la salud a disposición del mercado privado y del “sálvese quien pueda”.
Se obliga entonces la población a dar un impuesto mensual a empresas privadas que no curan, ni atienden ni producen medicinas, sino que sólo administran nuestro dinero para obtener ganancias parasitarias.
Las ARS privadas, con el esfuerzo de trabajadores y empleadores, han manejado más de 168 mil millones de pesos, y absorbido más de 24 mil millones de pesos que se van al desagüe en lugar de invertirse en que vivamos sanos.
Y encima de esto nos niegan cobertura porque en primer lugar está su “sostenibilidad económica”. Como se ve, esto no es “carga laboral” como habitualmente se dice, sino carga financiera.
Como el sistema público cada vez se financia menos, los dominicanos nos vemos obligados también a acudir a los centros privados de atención.
No por efectos de la “libre competencia” ni de la “libre elección”, sino del deterioro y abandono inducidos, los dominicanos culminamos el ciclo de la privatización, pagando a los centros privados un 92% de nuestro dinero en el régimen contributivo y un 41% en el régimen subsidiado.
Legal o ilegal, la corrupción es dañar algo en sus esencias, para que termine siendo lo contrario a lo que debería ser. La salud es un derecho en la Constitución, pero en los hechos es -como en toda corrupción- un fabuloso negocio de unos pocos que tienen todo, a costa de la mayoría que se queda sin nada.
