Josefina Reynoso
La seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales para garantizar la paz, la confianza en las instituciones y el desarrollo social de una nación. Sin ella, las sociedades viven en un estado de incertidumbre constante, lo que no solo afecta la calidad de vida, sino también las oportunidades de progreso. Es una condición esencial para que los ciudadanos puedan gozar de derechos básicos como la libertad, la justicia y la equidad.
Hace más de una década, el país dio un paso importante al implementar una estrategia de seguridad ciudadana que incluyó programas como la Reforma y Modernización de la Policía, Barrio Seguro, la Red Alimenticia, la Protección a Víctimas de Violencia, el Control de Bebidas Alcohólicas, los Sistemas de Carretera, la Policía Comunitaria o de Proximidad, el Call Center 911, las Mesas Institucionales, el Control de Armas de Fuego y Productos Pirotécnicos, el Plan Cuadrante, el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Sistema de Denuncias Automatizadas, entre otros. Este Plan se denominó ,Plande Seguridad Democrática, para aquellos que en esa época eran muy jóvenes y no lo recuerdan.
Estas iniciativas no solo respondieron a las necesidades inmediatas de seguridad en ese momento, sino que también sentaron las bases para una política integral de prevención y acción. Sin embargo, la falta de continuidad de estas políticas ha llevado a que hoy enfrentemos nuevamente problemas que creíamos superados. Muchas de estas estrategias se han ido desarticulando, perdiendo los avances logrados con tanto esfuerzo.
A pesar de que hoy observamos una reducción en las tasas de homicidios, es importante señalar que los indicadores y las metodologías de cálculo han cambiado. La reducción de estos índices es positiva, pero no es suficiente. No solo se trata de disminuir la tasa de homicidios, sino de centrarse en la prevención para reducir la victimización y, más importante aún, fortalecer la confianza ciudadana. Para lograr esto, es esencial que se realicen evaluaciones sistemáticas que permitan medir los resultados y ajustar las políticas de manera dinámica, adaptándose a las nuevas necesidades.
La continuidad del Estado es vital para que los programas implementados no desaparezcan con los cambios de gobierno. Es necesario garantizar la sostenibilidad de las políticas de seguridad pública a través de una ley que, además de asegurar la permanencia de los programas existentes, impulse su modernización constante. Esta ley debe enfocarse en la prevención del delito, la protección de los derechos ciudadanos y la actualización constante de los mecanismos utilizados para enfrentar la criminalidad, así como en la formación y profesionalización de las fuerzas de seguridad.
En este contexto, también es importante repensar el rol del Ministerio de Interior y Policía, transformándolo en un Ministerio de Seguridad Pública. Este rediseño debe orientarse a un modelo preventivo que integre tecnología avanzada, personal altamente capacitado y una coordinación efectiva entre las instituciones. La seguridad no es solo un asunto de la policía, sino un esfuerzo conjunto entre todas las áreas del gobierno y la sociedad civil. La creación de un ministerio renovado y especializado puede ser el eje central de una estrategia nacional que abarque tanto la prevención como la acción inmediata frente al delito.
La seguridad ciudadana no puede ser tratada como una promesa temporal; debe ser un compromiso constante e inquebrantable, independientemente de los ciclos políticos. Programas como los mencionados demostraron ser efectivos en su momento, y hoy, al ser retomados por la actual gestión, nos recuerdan la necesidad de darles continuidad para garantizar su impacto real. Sin un seguimiento adecuado, estos esfuerzos se diluyen, dejando a los ciudadanos desprotegidos.
Es momento de que, como sociedad, entendamos que la seguridad debe ser una prioridad constante, sin importar los cambios políticos. No podemos permitir que las políticas de seguridad sean dependientes de los intereses de un gobierno u otro, sino que deben ser parte de un esfuerzo continuo, coordinado y sostenible que garantice un futuro más seguro para todos. Esto implica también un compromiso firme con la capacitación, el bienestar y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de nuestra protección.
La seguridad ciudadana no es un concepto que se resuelva con medidas aisladas ni en el corto plazo. Debe ser una construcción colectiva y progresiva, que no dependa de respuestas reactivas, sino de la capacidad de anticipar y transformar el entorno. La verdadera seguridad radica en crear sistemas resilientes, capaces de adaptarse a los desafíos del futuro, sin perder de vista que su objetivo final es garantizar a cada persona la libertad de vivir sin miedo. Es momento de pensar en una seguridad que sea predictiva, integrada y, sobre todo, transformadora, donde cada acción, cada decisión y cada política se enfoque no solo en la protección, sino en la confianza y el bienestar de los ciudadanos. Solo así podemos asegurar que la seguridad deje de ser una necesidad urgente y pase a ser una condición permanente y sustentable.
