Carlos Salcedo
Aunque con tropiezos y alto costo de sangre, dolor y muerte, desde el ajusticiamiento de Trujillo, hemos venido experimentando madurez en nuestras instituciones democráticas.
De un poder despótico hemos asumido métodos que permiten mayor participación de la ciudadanía en los procesos de cambio y representación política, pilares fundamentales de la democracia.
Este tránsito, caracterizado por constantes cambios sociales, económicos, políticos y culturales, es muchas veces incoherente con algunos mecanismos de control formal de los conflictos.
Se percibe inseguridad de la ciudadanía frente a la persistencia de conductas delictivas y criminales, que hoy adoptan formas muy sofisticadas.
Ante ese panorama, sin embargo, la ciudadanía manifiesta mucha preocupación por manifestaciones de brutalidad policial en el uso de la fuerza, lo que puede provocar distanciamiento y separación entre policía y ciudadanía.
En ocasiones, muchos métodos de investigación y acciones policiales distan de los fines principales de todo órgano policial moderno, que son los de brindar seguridad ciudadana y ser auxiliar del sistema de justicia penal.
La Policía Nacional está llamada a contribuir en la prevención y en la reducción de la violencia como causa de alteración del orden y de la paz como en la resolución constructiva de conflictos, junto a la comunidad.
La realidad es, como alguna vez dijera en el país el Dr. Eduardo Díaz, del Panel de Revisión Independiente del Condado de Miami-Dade, el Estado le paga al policía para que haga lo que debe hacer cada ciudadano.
Han sido muchas las debilidades del subsistema policial; pero creo que estamos en un camino de no retorno, porque hay una decisión del gobierno de seguir mejorando el marco legal y operativo para que la Policía Nacional pueda cumplir su papel y no sea una nota discordante con nuestro régimen democrático.
El uso desmesurado de la fuerza, el encubrimiento y la ausencia de transparencia en las actuaciones policiales, unido a la falta de vigilancia y control ciudadano del manejo de los recursos humanos, técnicos y económicos de los cuerpos policiales, debe ser siempre rechazado por la sociedad, que cada día debe ser más consciente de la misión de protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía que debe cumplir la Policía Nacional.
Los intercambios de disparos que solo dejan muerte de un solo lado – del de los “delincuentes”- deben ser cosa del pasado, pues la modernización institucional pasa por la profesionalización de los policías, como parte de los retos estructurales y de toda naturaleza cuando de profundización de la reforma policial se trata.
No podrá ser estable ni duradera ninguna reforma policial que no esté enmarcada en nuestro sistema democrático y que, en consecuencia, no propicie la participación de la ciudadanía en la definición de la visión, objetivos y valores que deben soportar dicha transformación.
Solo será profunda la reforma policial con la integración, conocimiento y compromiso ciudadanos de su contenido, pues todo ciudadano tiene la responsabilidad de combatir el crimen, buscar la causa de la violencia, vigilar y denunciar los abusos para que crezca el sentido de justicia en la sociedad.
