La seguridad es el preludio hacia las libertades, porque sin ella ninguna otra se ejerce a plenitud: ni la de transitar, la de emprender ni la de reunirse, ya sea en una plaza a protestar por lo que se cree o celebrar lo que somos. El presidente, Luis Abinader ha asumido con entereza y determinación una tarea postergada por décadas que se desvanecía en una retórica vaga, imprecisa y laxa colmada de justificaciones: la transformación de la Policía y el reforzamiento de la seguridad ciudadana.
La pretensión gubernamental expresada públicamente en distintos escenarios y bajo el amparo de una estructura híbrida cívico-militar, procura el fortalecimiento institucional del aparato ejecutivo —Policía Nacional— llamado a preservar la paz pública y la convivencia armoniosa. Para lograr estos propósitos de alto impacto y enorme calado, se requiere acompañar la voluntad política de dos valores fundamentales: firmeza y persistencia.
La firmeza debe ser utilizada como herramienta para resistir al despropósito estimulado por grupos delincuenciales y anárquicos que rehúyen de la transformación policial; la firmeza debe plantar sobriedad a la ausencia de rigor en el cuestionado ejercicio que caracterizó al cuerpo del orden; la firmeza es garante de que la capacitación, el equipamiento y una nueva mística de respeto, orden y buen criterio guíen las operaciones policiales en todo el país.
La persistencia, a su vez, se vuelve necesaria a la hora de articular un proceso lento y gradual en un espectro de gran sensibilidad social. La persistencia se manifiesta cuando se inicia el burocrático y delicado ciclo de inversiones, de trabajo conjunto y coordinado a través de la fuerza de tarea; la persistencia queda en evidencia al formar nuevos policías con la necesaria profundidad moral y los conocimientos básicos indispensables que permitan la gestión entre conciudadanos en las más adversas y confusas situaciones.
Una transformación con estas implicaciones y envergadura no se cubre con la promoción de un eslogan ni de un operativo temporal; el objetivo perseguido es la reconfiguración integral del cuerpo de orden en las dimensiones educativa, operativa y administrativa. El propio mandatario lo ha advertido: “la reforma no puede quedarse en un nombre ni en un proyecto; tiene que sentirse en el barrio, en el destacamento y en el trato cotidiano entre el agente y el ciudadano”.
Algunas evidencias
Por el esfuerzo desplegado en los últimos años, los resultados comienzan a ser elocuentes. El país cerró el 2024 con una tasa de 9.6 homicidios por cada cien mil habitantes y en 2025 con 8.15, la más baja desde que existen registros oficiales. En lo que va de 2026 la tasa acumulada ha continuado descendiendo hasta situarse en torno a 7.4 —hacia finales de septiembre—, y la medición regional de InSight Crime ubica a la República Dominicana con la tasa más baja del Caribe y una de las menores de América Latina.
Detrás de esos números hay, ante todo, una apuesta por el capital humano. Entre 2023 y 2025 ingresaron a la Policía Nacional 9,503 nuevos agentes, formados bajo un nuevo modelo educativo, con la cifra más alta de mujeres en la historia de la institución. La meta presidencial es alcanzar los veinte mil nuevos miembros hacia 2028: una generación de policías orientados y educados en la proximidad, la prevención y el uso proporcional de la fuerza.
A esa renovación humana se suma la material y tecnológica. Cien estaciones policiales han sido construidas o remozadas con espacios privados para recibir denuncias y condiciones dignas para quienes sirven en ellas. Cerca de siete mil cámaras de videovigilancia operan hoy con analítica de inteligencia artificial, y los registros de la Policía, el INACIF, la Oficina Nacional de Estadística y el Sistema 9-1-1 dialogan entre sí, de modo que la información que antes tardaba días en cruzar de una institución a otra, llega ahora con mayor eficacia y en mejor tiempo para prevenir.
La seguridad, sin embargo, no se decreta desde arriba, se construye con y desde la comunidad. Las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género han celebrado, desde la instalación del proceso transformativo de seguridad, más 800 reuniones de coordinación y se han gestionado más de 2,100 demandas territoriales, en beneficio de poco más de 2.7 millones de ciudadanos. En paralelo, la lucha contra el crimen organizado dejó en el último año cerca de 32 toneladas de sustancias incautadas y 152 estructuras delictivas desarticuladas.
Sería impropio de un balance honesto ignorar lo que falta. Las muertes ocurridas en intervenciones policiales siguen siendo objeto de un debate legítimo, y la respuesta a esa inquietud está en la reforma misma: en la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional sometida ante el Congreso Nacional, que establece una carrera fundada en la evaluación por desempeño y resultados. Transformar la Policía a los niveles óptimos deseados conllevará tiempo, y reconocerlo no debilita el esfuerzo: lo ennoblece.
Experiencias externas
Acabo de completar la lectura de un interesante texto que nos muestra un caso centroamericano de excepción: la seguridad en El Salvador.
“Cero crimen”, como se titula el libro, reconstruye la transformación del pueblo salvadoreño, un país que, según los datos expuestos por Yossi Abadi y Sharon Gal-Or, sus autores, pasó de más de 6,600 asesinatos en 2015 a 82 en 2025, con una reducción de la tasa de homicidios cercana al 97 % entre 2019 y 2025.
Pero el libro, aunque reconoce la transformación ciudadana en materia de seguridad pública, no es únicamente la crónica de un éxito; aborda también las controversias que lo acompañan: el régimen de excepción, el debate sobre los derechos humanos y la pregunta por la sostenibilidad de las medidas.
Y es precisamente en ese punto donde la experiencia dominicana aporta su propia respuesta. Cada nación debe hallar su ruta conforme a su historia e instituciones, y la nuestra ha elegido una vía menos estridente: la de reformar a fondo la institución llamada a protegernos, sin suspender las garantías que nos definen como democracia.
El presidente, a través de la firmeza y persistencia de sus actuaciones, deja en evidencia que sólo aplicando políticas reformadoras y disruptivas obtendremos resultados definitivos: garantía de seguridad para todos, cueste lo cueste.
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