En los últimos años, pocas expresiones se repiten tanto en el discurso público como seguridad ciudadana, intervenciones integrales y reforma policial. Las leemos, las escuchamos y, en muchos casos, queremos creer en las políticas que se anuncian y en las estadísticas que se presentan. Queremos creer porque la seguridad es una necesidad vital, no un lujo discursivo.
El reciente anuncio del Gobierno dominicano, que este domingo definió un paquete de entre 40 y 50 acciones estratégicas a priorizar dentro de los más de 650 programas y productos presupuestarios contemplados en el Plan Operativo del Gobierno para 2026, vuelve a colocar el tema en el centro del debate. El objetivo declarado es impactar directamente las 10 metas prioritarias de la actual gestión y, como era de esperarse, la seguridad ciudadana ocupa un lugar relevante.
En ese marco, se anunció que se priorizarán intervenciones integrales en barrios del Gran Santo Domingo y Santiago, combinando prevención, oportunidades para los jóvenes, integración social y la continuidad de la reforma policial.
El enfoque, en términos conceptuales, es correcto. La pregunta de fondo no es esa. La pregunta real es si estamos preparados para llevar este planteamiento más allá del enunciado.
Hablar de seguridad ciudadana desde una perspectiva integral implica reconocer algo fundamental: la violencia y la criminalidad no surgen únicamente del delito en sí mismo, sino de contextos sociales, económicos e institucionales frágiles. En ese sentido, combinar prevención, oportunidades para jóvenes, integración social y reforma policial no es una novedad teórica. Ya lo hicimos antes.
El país cuenta con experiencias como el Plan de Seguridad Democrática, y dentro de este la Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro, que buscó mejorar la seguridad y la convivencia en territorios vulnerables mediante programas sociales, fortalecimiento policial y participación comunitaria, con énfasis en la prevención del crimen y la delincuencia.
La evidencia comparada respalda este enfoque; el problema nunca ha sido el diseño, sino la sostenibilidad y la coherencia en la ejecución.
He insistido en múltiples espacios en que la prevención no puede seguir siendo la “hermana pobre” de la seguridad. Si no se traduce en programas sostenidos, medibles y territorializados, se queda en una buena intención. Crear oportunidades para los jóvenes no es ofrecer talleres ocasionales ni empleos temporales para cumplir indicadores.
Es construir trayectorias reales de inclusión, con educación técnica pertinente, acompañamiento psicosocial y una articulación efectiva con el sector productivo. Sin eso, el discurso se diluye y la frustración se acumula.
La integración social, por su parte, suele mencionarse de manera abstracta. Integrar no es solo llevar servicios a los barrios; es reconstruir la confianza entre el Estado y comunidades que, durante años, han vivido la seguridad más como amenaza que como protección.
Sin participación comunitaria genuina, sin juntas de vecinos empoderadas y sin canales claros de corresponsabilidad, la integración termina siendo simbólica y frágil.
Y llegamos al punto más sensible: la reforma policial. Aquí conviene decirlo sin rodeos. No hay seguridad ciudadana sostenible sin una policía profesional, cercana, controlada y legítima. Cambiar uniformes, patrullas o eslóganes no transforma una institución.
La reforma exige una transformación real: condiciones dignas para los policías, destacamentos equipados, herramientas operativas efectivas, formación continua, una carrera policial clara, supervisión adecuada, uso inteligente de los datos y, sobre todo, coherencia entre el discurso político y las prácticas cotidianas en la calle.
También es necesario reconocer las zonas grises. Priorizar barrios específicos puede generar impactos positivos en el corto plazo, pero sin una estrategia nacional articulada el riesgo es conocido: desplazar el delito en lugar de reducirlo. Ya tenemos experiencia en ese sentido.
La integralidad requiere coordinación efectiva entre el gobierno central, los gobiernos locales y las comunidades. No puede ser fragmentada ni coyuntural; debe responder a una visión de Estado, no a los ciclos políticos.
Anunciar, una vez más, lo que ya hemos escuchado en otros momentos, corre el riesgo de quedarse en consignas bien redactadas. Lo que se necesita es una política estratégica de seguridad, inversión inteligente y una voluntad clara —reflejada también en estadísticas transparentes— de evaluar lo que funciona y corregir lo que no.
La seguridad ciudadana no se construye con promesas, sino con políticas públicas sostenidas, instituciones sólidas, ciudadanía involucrada y, por supuesto, con presupuesto.
Reducir los recursos destinados al Ministerio de Interior y Policía mientras se afirma que la seguridad es prioridad no compagina con el discurso.
Si de verdad queremos seguir mejorando la seguridad, las decisiones presupuestarias deben ser coherentes con ese objetivo. Todo lo demás, por muy bien que suene, es apenas ruido.
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Josefina Reynoso
La Dra. Josefina Reynoso Chicón es experta en seguridad y defensa, mención política Estratégica y directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE).
