En nuestro país solemos debatir los grandes temas nacionales como si fueran abstracciones. Hablamos de crecimiento económico, de deuda, de política partidaria, de reformas estructurales. Todo eso es importante. Pero mientras discutimos en lo macro, se nos deteriora lo esencial, la vida cotidiana de la gente.
El problema que hoy necesita más atención y una solución rápida no es uno sólo, pero tiene un eje común. Es la forma en que estamos viviendo en nuestras ciudades y comunidades. Un problema urbano y social al mismo tiempo, que se manifiesta todos los días en situaciones aparentemente pequeñas, pero profundamente determinantes.
Basta con salir a la calle. Aceras inexistentes o intransitables obligan a caminar por la vía vehicular. El caos de los parqueos convierte cada trayecto en una lucha. El ruido descontrolado irrumpe en hogares y barrios como si la tranquilidad fuera un privilegio. Los residuos sólidos se manejan con improvisación. El espacio público se ocupa sin reglas. Y en los condominios, donde ya vive una parte importante de la población, predominan la informalidad, el conflicto y la ausencia de normas claras.
Nada de esto es anecdótico. Todo esto va erosionando la convivencia, generando tensiones, conflictos entre vecinos, estrés permanente y una peligrosa normalización del desorden. Cuando el entorno se vuelve hostil, la gente se vuelve hostil. Cuando no hay reglas claras ni autoridad que las haga cumplir, cada quien actúa según su conveniencia. Y ahí se rompe algo más profundo que una acera o una pared, se rompe la cohesión social.
Hemos puesto demasiado énfasis en resolver problemas desde arriba, desde oficinas lejanas, sin mirar suficientemente el territorio. Pero la calidad de vida no se define en los ministerios, se define en el barrio, en la calle, en el edificio y en la comunidad. Se define en si puedo caminar sin peligro, dormir sin ruido, convivir sin conflictos y usar el espacio común con reglas justas y previsibles.
Por eso insisto en que la solución más urgente pasa por fortalecer la gestión local. No como consigna política, sino como necesidad práctica. Los ayuntamientos son la primera línea de contacto entre el Estado y la ciudadanía. Son quienes ordenan, o deberían ordenar, el uso del suelo, el tránsito, los espacios públicos, la convivencia, el ruido y los residuos. Cuando el gobierno local es débil o tolerante con el desorden, el costo lo paga la gente.
Aquí no se trata sólo de hacer más obras. Se trata de hacer cumplir las normas existentes, de planificar con sentido humano y de recuperar la autoridad legítima del Estado en el territorio.
Orden no es represión. Orden es previsibilidad. Es saber qué se puede y qué no se puede hacer. Es que las reglas sean iguales para todos y que el derecho individual no aplaste el derecho colectivo.
Tampoco se trata de imponer desde arriba. La participación ciudadana es clave, pero debe ser real, informada y corresponsable. Vivir en ciudad implica límites, y entenderlos es parte de la madurez social que necesitamos como país.
Si no atendemos con urgencia este deterioro cotidiano, cualquier avance económico será frágil. No hay desarrollo sostenible en ciudades caóticas.
No hay paz social sin convivencia. El verdadero desafío es volver a poner a la gente en el centro de la ciudad y recuperar el orden, el respeto y el espacio común como base del futuro nacional.
