Santo Domingo.- La Suprema Corte de Justicia integró ayer una comisión para que investigue las circunstancias en que los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenaron conducencia contra el magistrado del Tribunal Constitucional Wilson Gómez, tras ventilar un caso de falsificación de títulos de propiedad, en el que debía presentarse como testigo.
La comisión está presidida por la directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, Gervasia Valenzuela Sosa.
Consultado sobre el tema Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, se limitó a decir que nunca criticaría una decisión jurisdiccional y que se están tomando las medidas correspondientes.
Reacción de Gómez
El juez del Tribunal Constitucional Wilson Gómez Ramírez definió como una intención aviesa por parte de los jueces de Paz del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional Leonardo Recio Tineo y Jissel Naranjo, dictar orden de conducencia en su contra por no asistir como testigo al juicio que se le sigue al imputado Edwin Baquero Álvarez y otros implicados.
Explicó que los dos jueces suplentes evidenciaron interés en dañar su imagen y atacar su reputación.
“Se evidencia que los jueces actuaron con ligereza e incapacidad”, sostuvo.
En visita a EL DÍA, Gómez Ramírez mostró el dispositivo de audiencia que contiene la orden de conducencia en su contra y en el cual se señala el voto disidente de la magistrada Sarah Altagracia Veras Almánzar, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado.
En su voto disidente la magistrada Veras Almánzar expresó que a diferencia de los demás testigos, Wilson Gómez compareció a una de las audiencia por secretaría y dio los datos y teléfonos a los fines de ser requerido en cualquier momento que iniciara el proceso.
“Por lo que se ordena conducencia contra aquellos testigos reticentes y que no tienen la voluntad o han manifestado su desinterés en participar en el proceso”, indicó. Agregó que no estuvo de acuerdo con que se ordenara conducencia porque Wilson Gómez no tuvo una actitud reticente.
Gómez Ramírez sostuvo que durante los cinco años que se ha estado ventilando el caso que se sigue a Baquero Álvarez y compartes, por falsificación de títulos de propiedad y documentos públicos, ha colaborado con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Expresa caso debe tener consecuencias
Gómez dijo que la situación ha de tener consecuencias, ya que un juez de cualquier jerarquía, sin importar la materia que trate, debe saber que el artículo 195 del Código Penal establece que al igual que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los del Constitucional están exceptuados de la obligación de comparecer a un tribunal a ofrecer testimonio y puede solicitar que la declaración se lleve a efecto en su despacho o en su domicilio.
Apuntó que pese a que es denunciante ha comparecido con humildad ante ese tribunal y en particular ante la magistrada Veras.
Sobre el autor
Egresado de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Posee diplomados en comunicación política, periodismo de datos, periodismo digital, entre otros. Cuenta con más de 13 año...
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