Salud y presupuesto nacional

Si algo ha caracterizado el proceso de globalización de corte neoliberal, ha sido la mercantilización de los sistemas de salud en la Republica Dominicana.

Esta ha sido una tendencia global, cuya lógica parte de la reducción de la capacidad de los Estados en su condición de provisión de bienes públicos, y la salud no ha sido la excepción.

No obstante, durante los últimos años hay una corriente que aboga por la reversión de estos procesos, con la intención de desmercantilización de la provisión de los servicios de salud, de manera que este servicio se suministre sobre la base del derecho humano a la salud como un derecho social, universal, público, integrado, sin barreras de acceso, y sin provisión ligada a los procesos de mercado.

Un buen sistema de salud con tales características no solo es deseable como política pública social en un entorno de desigualdad socioeconómica, aún persistente en la República Dominicana, sino que resulta indispensable frente al vínculo de esta desigualdad con problemas estructurales y coyunturales de salud pública, como la que supone las enfermedades tradicionales, las epidemias, los virus y las emergencias de salud pública globales que surgen de contingentes generados por situaciones inesperadas.

La salud fue recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 25), a partir de la definición de la OMS en su acta de constitución (1946) como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) reconoció el derecho de toda persona al “más alto nivel posible de salud física y mental” (art. 12), de acuerdo con el principio de “realización progresiva” (dependiente de la restricción o disponibilidad presupuestaria).

Es esto, por lo que los sistemas de salud pública deben tener un gran respaldo presupuestario por parte de los gobiernos, que les permita tener un financiamiento suficiente y oportuno para atender las necesidades cada vez crecientes, en un entorno caracterizado por un mayor envejecimiento poblacional cuya tendencia induce a un mayor gasto en salud pública.