Uno de los temas espinosos que el presidente Abinader debe solucionar cuanto antes es la compensación pagada a los servidores públicos, desde maestros de escuelas rurales y policías hasta su propio salario y los designados por decreto.
En Estados Unidos, su Congreso fija una escala para empleados federales. En 2019, iba desde casi US$20,000.00 hasta casi US$140,000.00 anuales. Al presidente Trump le pagan US$400,000.00 anuales y US$50,000 para gastos.
La pensión de expresidentes es US$219,200.00. Después de Trump, el funcionario mejor pagado es el jefe de Correos, US$276,840.00.
Pero otros designados presidenciales ganan salarios competitivos con sus pares del sector privado.
Por ejemplo, el jefe de la Autoridad del Valle de Tenesí, creada en 1933 para construir y operar presas hidroeléctricas; gana US$2,526,130.00.
Es más de seis veces el salario del presidente Trump. Nuestra pobreza y la noción del Estado como botín electoral distorsionan ideas populares sobre cómo compensar a los empleados gubernamentales. El Gobierno daría un palo si acomete esa reforma en vez chismear o pelearse sobre “popis” y “wawawás”.
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