Rafael Molina Morillo, director de El Día
Los ruidos producidos durante las últimas semanas por algunos acontecimientos que han acaparado la atención pública, han opacado, como si fuera con una sordina, otros sucesos no tan espectaculares como aquellos, pero sí muy importantes y trascendentales desde el punto de vista institucional.
Cuando hablo de los ruidos en cuestión, me refiero al deterioro de las relaciones domínico-haitianas, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, la escisión del PRD, la ola de crímenes desatada a nivel nacional, y así por el estilo.
Todos estos sucesos han contribuido a que pasemos por alto la sentencia del 7 de noviembre del Tribunal Constitucional, que desautoriza una resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que permitía el espionaje telefónico en perjuicio de los usuarios, por parte de los organismos investigativos nacionales.
El susodicho Tribunal estableció que la resolución del Indotel violentaba el derecho a la intimidad, el derecho al secreto y la privacidad de la comunicación.
La corte fue puesta en movimiento a instancias del abogado Namphy Rodríguez y el autor de esta columna, así como de la Fundación Prensa y Derecho y del Centro para la Libertad de Expresión de la República Dominicana, los cuales, al decir del Tribunal Constitucional, demostraron tener un interés legítimo y jurídicamente protegido, en vista de que la ejecución de las disposiciones contenidas en la resolución 86-11 (del Indotel) pudiera afectar perjudicialmente el buen manejo de datos relacionados al tráfico y conexión de las comunicaciones de los ciudadanos.
Es bueno que se conozca y se divulgue esta decisión judicial para evitar que los ruidos mayores no opaquen los avances que, en silencio, refuerzan el andamiaje institucional del país.
