Brasilia.- El Gobierno brasileño, con el auxilio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó a articular fuerzas hoy frente a un eventual juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, cuyos trámites pueden ser retomados este mismo mes.

Lula, el líder más carismático que existe en el país, aunque su popularidad haya sido golpeada por investigaciones sobre supuesta corrupción, se reunió en Brasilia con un nutrido grupo de senadores y diputados de la base oficialista a los que instó a mantener la “unidad” ante el posible reinicio del proceso contra Rousseff.

En especial, el mensaje de Lula se dirigió al influyente Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la principal fuerza política del país, que lidera el vicepresidente Michel Temer, aunque alberga en su seno a fuertes corrientes disidentes.

El PMDB celebrará el próximo sábado una convención nacional, en la que esas alas más díscolas ya han anunciado que exigirán que el partido abandone el Gobierno o que al menos adopte una posición de “independencia”, a fin de liberar a sus parlamentarios de cara al posible juicio político contra Rousseff en el Congreso.

Junto a los partidos de la oposición, la disidencia del PMDB ha respaldado las manifestaciones que grupos de la sociedad civil han convocado para el próximo domingo en todo el país en apoyo al posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, por lo que la convención del sábado ha disparado las alarmas en el Gobierno.

Las protestas también han recibido apoyo de poderosos gremios empresariales, como la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp).

También han sumado respaldo entre instituciones de menor peso, como la Asociación Médica Brasileña (AMB), que en una nota difundida hoy justificó esa posición en que “Brasil está en terapia intensiva» debido a la aguda crisis política y económica, que repercute en el área de la salud pública.

A esas protestas aludió el senador Aécio Neves, presidente del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien consideró que “pueden ser un inductor muy importante para buscar, en beneficio de todos los brasileños, una salida al ‘impasse’ en que este Gobierno mantiene al país».

Según Neves, los recurrentes escándalos de corrupción que “cada día se acercan más al Palacio presidencial” y el agravamiento de la crisis económica “obligan a buscar una salida».

Otras fuentes del PSDB consultadas por Efe consideraron que esa “salida” es el juicio político contra Rousseff, que comenzó en diciembre pasado en la Cámara de Diputados pero fue suspendido por la Corte Suprema debido a lo que el tribunal calificó como “errores de procedimiento».

La corte definió entonces la forma en que deberá realizarse el trámite, pero debido al receso judicial de enero sólo publicó su decisión este martes, con lo cual despejó el camino para la reanudación del proceso, que según el PSDB deberá ocurrir este mismo mes.

En las últimas semanas, las averiguaciones en torno a las graves corruptelas en la estatal Petrobras se han aproximado al Gobierno y alcanzaron a Lula, antecesor y padrino político de Rousseff y líder incontestable del Partido de los Trabajadores (PT), al que también pertenece la mandataria.

Lula, algunos de sus familiares y empresarios de su entorno llegaron a ser objeto de allanamientos y el expresidente fue llevado desde su casa a una comisaría para prestar declaración el pasado viernes, lo que generó un terremoto político en el país.

Frente a ese escenario, fuentes oficiales confirmaron a Efe que el Gobierno ha comenzado a prepararse para una inminente reanudación del proceso contra Rousseff, que hasta ahora está fundamentado en unas irregularidades fiscales detectadas en 2014 y 2015.

Sin embargo, el PSDB ha adelantado que pretende anexar al pedido de juicio político que presentó el año pasado unas nuevas sospechas en torno a una posible financiación ilegal de la campaña que llevó a la reelección de Rousseff en 2014, que se habría valido de dinero procedente de la corrupción petrolera.