Ningún periodista consciente y capaz podría alegrarse de que funcionarios o empresarios presionen indebidamente a colegas, sea excepcionalmente valioso como Marino Zapete o prescindible como ciertos añépidos.

Pero tampoco puede ser que quienes opinamos en prensa (en mi caso ininterrumpidamente desde 1977), creamos que las leyes y normas para proteger la honra de los ciudadanos son solo para aplicarse a los demás.

Zapete dijo que el procurador general Jean Alain Rodríguez está accionando judicialmente en defensa de una hermana que se ha sentido difamada por denuncias suyas. ¿Puede considerarse “presión” recurrir a lo que prescribe la ley cuándo algún derecho es lesionado? Quien reveló la acción de Rodríguez es Zapete, al denunciar “una campaña agresiva e intimidadora en mi contra” pese a que continúa ejerciendo desenfadadamente.

Si las imputaciones publicadas por Zapete poseen sustento, ninguna persecución judicial podrá desmentirlas, más aun dada su idiosincrasia e incuestionable valor personal. La impunidad que valerosos periodistas denuncian en otros no debe invocarse en beneficio propio. Paradójicamente, algunos alegan sus derechos para dañar los ajenos.