El presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunció que no se presentará a la vicepresidencia en las elecciones del próximo año y que, en cambio, se retirará de la política.
Duterte dijo el mes pasado que se postularía para la vicepresidencia en 2022. La constitución del país le prohíbe un segundo mandato como presidente.
Pero ahora dice que se retirará, ya que «el sentimiento abrumador de los filipinos es que no estoy calificado».
El anuncio tiene lugar en medio de especulaciones de que su hija podría postularse para la presidencia.
Duterte, considerado un «hombre fuerte» y controvertido, llegó al poder en 2016 con la promesa de acabar con la delincuencia y solucionar la crisis de drogas del país.
En los cinco años transcurridos desde su elección, sus críticos dicen que ha alentado a la policía a llevar a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales de sospechosos, en lo que él llamó su «guerra contra las drogas».
Encuestas de opinión
La constitución de Filipinas solo permite a los presidentes cumplir un solo mandato de seis años.
La hija de Duterte, Sara Duterte-Carpio, que actualmente es alcaldesa de la ciudad sureña de Davao, ha enviado mensajes contradictorios sobre si se postulará o no a la presidencia.
El mes pasado dijo que no se uniría a la carrera porque ella y su padre habían acordado que solo uno de ellos se presentaría a las elecciones del próximo año.
Sin embargo, ha liderado todas las encuestas de opinión realizadas en 2021.
Inmunidad
Duterte anunció su retiro sorpresa en una sala de Manila donde se esperaba que registrara su candidatura.
Dijo que postularse para la vicepresidencia «sería una violación de la constitución para eludir la ley y el espíritu de la constitución».
Cuando Duterte anunció por primera vez su intención de postularse, hubo una especulación generalizada de que buscaría un compañero de fórmula políticamente débil para gobernar desde el puesto número dos.
También había dicho públicamente que, como vicepresidente, sería inmune al enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) por presidir la brutal «guerra contra las drogas» que ha matado a miles en el país.
Sin embargo, no estaba claro si habría conservado la inmunidad legal.
Según Amnistía Internacional, más de 7.000 personas murieron a manos de la policía o atacantes armados desconocidos en los primeros seis meses de la presidencia de Duterte.
En junio, el fiscal de la CPI solicitó abrir una investigación completa sobre los asesinatos de la guerra contra las drogas en Filipinas, diciendo que se podrían haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Si su hija fuera elegida presidenta, probablemente protegería a su padre de los cargos penales en Filipinas y de los fiscales de la CPI.