Nassef Perdomo Cordero, abogado.
Aunque públicamente se esté hablando relativamente poco de él, el Congreso Nacional está todavía en vías de conocer el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
La noticia más reciente al respecto es la declaración del diputado Rogelio Genao Lanza, quien avanzó que la última versión está casi lista, y que uno de los pocos puntos pendientes es el de los efectos retroactivos que tendría la norma.
Ya habrá tiempo de discutirlo en detalle cuando se haga pública esta versión, pero llama la atención que sea este aspecto la piedra con la que tropieza el proyecto, puesto que es claro que extender al pasado la aplicación de la norma la haría retroactiva.
Como todos sabemos, la retroactividad de la ley está prohibida por el artículo 110 constitucional. De tal forma que crear una ley para afectar las consecuencias de hechos pasados, reales o supuestos, es una violación palmaria de este principio.
Para justificar esta posibilidad se ha recurrido a conceptos técnicos a los que el espacio de esta nota no permite tratar, ni responder, con justicia.
Se centran en la idea de que los hechos ilícitos (que no son sólo actos de corrupción, sino también evasión de impuestos y mil cosas más) no producen derechos. El hecho cierto es que se estaría creando una jurisdicción para que haga lo que la ley ya permite.
Es decir, se trata de un mecanismo a la vez novedoso y redundante que crea consecuencias jurídicas con requisitos y medios procesales nuevos y distintos de los existentes.
No hay forma de eludir ese hecho ni, por vía de consecuencia, desconocer la naturaleza retroactiva de la ley. Por mucho que se venda como un mecanismo para combatir la corrupción, sus efectos irradiarán a toda la vida económica, y como en su última versión pública se trata de un proyecto que hace pagar a justos por pecadores, afectarán a miles o cientos de miles de dominicanos que no se encuentran vinculados a casos de ese tipo.
El daño a la seguridad jurídica sería irreparable.
Espero, por el bien de todos, que los congresistas resuelvan su impasse por la vía constitucional. Lo que me preocupa es cuáles otras cosas pueden ser consideradas todavía discutibles. Ojalá esté claro, por ejemplo, que esa ley es orgánica.
