SANTO DOMINGO.- El retraso de los procesos en el sistema de Justicia dominicano representa un lastre para el desarrollo del país, lo que afecta los sectores productivos.

De acuerdo a Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia el sistema de Justicia requiere la atención de la comunidad, especialmente del liderazgo económico y empresarial.

Dicha limitante se ha convertido en una enfermedad crónica en el sistema de Justicia dominicana, ya que el mismo no está cumpliendo con el rol que le corresponde, afirmó Molina Peña durante el almuerzo semanal de la Cámara Americana de Comercio. Destacó que eso hace vulnerable el derecho personal o económico, lo que evita el desarrollo de proyectos de empresarios.

Asimismo, señaló que para solucionar esos problemas es necesario hacer reformas en ese sistema, ya que solo en la Suprema Corte de Justicia hasta el pasado junio del 2018 habían 18,357 casos estancados esperando respuesta.

Añadió que ese organismo no cuenta con estadísticas confiables porque están desactualizadas.

Este sistema judicial está mal distribuido, tanto de recursos humanos como financieros, enfatizó el magistrado. Pusó como ejemplo que los juzgados de paz poseen el 23% de las plazas del sistema, pero atienden solo el 14% de los casos.

En cuanto a las finanzas dijo que los tribunales acceden al 68% del presupuesto, mientras el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración, recibe el 32% de éste.