*Dr. Antonio Ciriaco Cruz

Vicedecano-Economía UASD

El año 2020 se inició con un conjunto de acontecimientos nacionales y globales que condicionan y matizarán el comportamiento económico del país a lo largo del año y para los próximos venideros. En primer lugar, los procesos electorales celebrados en los meses de marzo (elecciones municipales) y julio (elecciones presidenciales y congresuales) y, en segundo lugar, el impacto en la actividad económica del COVID-19. Ambas situaciones, en particular la aparición y expansión del COVID-19 ha impactado de tal manera que en la economía nacional e internacional se han producido las crisis más profunda y compleja en la historia contemporánea de la economía local y mundial.

La economía mundial tendrá una contracción este año 2020 en el orden del -4.9% según las últimas proyecciones más optimistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el orden del desempleo, la CEPAL proyecta, que por consecuencia del COVID-19 este año 2020, un aumento del desempleo en la región de América Latina y el Caribe de alrededor de 44 millones de trabajadores adicionales estará desocupados y, los niveles de pobreza se incrementarán en 45 millones adicionales. El PIB de la región de América Latina y el Caribe se contraerá este año 2020 en alrededor de -9.1%, la economía norteamericana, según las ultimas informaciones oficiales, tuvo una contracción anualizada durante el primer semestre de aproximadamente -32.9% y la Unión Europea se proyecta una contracción para este año de aproximadamente de -8.7%.

En ese contexto global, el impacto del COVID-19 en la actividad económica nacional ha sido bastante fuerte. La economía dominicana, según las proyecciones mas reciente por parte de la CEPAL tendrá una contracción de -5.3% para este año 2020. Otras proyecciones, de analistas, universidades e institutos de investigaciones, son más pesimistas y señalan una contracción en una horquilla entre el -6% y -7%.

Las informaciones oficiales, por parte del Ministerio de Trabajo, indica que el numero de trabajadores suspendidos o desocupados en el mes de mayo era de 827 mil trabajadores y que muchos de ellos no han podido reintegrarse a sus trabajos a partir del inicio de la fase de desescalimiento. Las proyecciones realizadas por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD señalan que la tasa de desempleo abierta podría llegar, en este año 2020, alrededor del 12% de la población económicamente activa (PEA).

Por el lado de las finanzas públicas, con el ultimo presupuesto complementario que adiciona fuentes adicionales de financiamiento en alrededor de 150 mil millones de pesos, el déficit proyectado para final del año será alrededor del 6.0% del PIB para el Sector Público Consolidado y la deuda publica alcanzaría el 60% considerando que el PIB en dólares se ha reducido en 8.70% con respecto al año 2019. Según informaciones del ministerio de hacienda las medidas de alivios fiscales el 0.48% del PIB (RD$ 22,187 millones de pesos) en los primeros seis meses de este año.

En lo que respecta a la política monetaria, esta ha sido muy acomodaticia, dado el hecho de que la política fiscal ha sido expansiva, por lo que las autoridades del Banco Central han dispuesto a partir del mes de marzo, cuando la pandemia penetro en el territorio dominicano, el Banco Central ha disminuido la tasa de política monetaria en 100 punto básicos de 4.50% a 3.5% y ha puesto a disposición del sistema financiero nacional alrededor del 4.1% del PIB (RD$ 190 mil millones de pesos) con la intención de que esos recursos sean canalizados a los sectores productivos.

En el ámbito social, esta crisis económica debido a un choque negativo sanitario provocará un incremento en los niveles de pobreza monetaria y en la desigualdad del ingreso. Igualmente profundizara, aun mas, los problemas estructurales sanitarios existentes si no se actúa a tiempo, tomando en consideración que el país ha sido. La pobreza monetaria en el país, según la CEPAL, podría llegar al 24.5% de la población y la desigualdad en el ingreso se incrementaría entre 3.0% y 3.9%, por lo que el índice de Gini podría terminar este año en 0.47.

En este contexto, el próximo gobierno tendrá que tomar medidas inmediatas para enfrentar la actual coyuntura, pero también tendrá que allanar el camino para reiniciar las reformas económicas pendientes que permitan la reactivación de la actividad económica y perfilar un modelo económico más inclusivo y que provoque una mayor cohesión social. Entre las medidas que consideramos necesarias para minimizar el impacto de la crisis y son las siguientes, a saber:

MEDIDAS DE CORTO PLAZO

1-. Explorar un acuerdo de vigilancia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscar fuente de financiación en dólares con los organismos multilaterales, tales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de desarrollo y la Reservas Federal de los Estados Unidos. El acuerdo con el FMI no conllevaría ningún tipo de compromisos, ni ajustes en esta coyuntura en que vive el mundo con el COVID-19, más bien sería una garantía de confianza hacia los sectores productivos en la coyuntura actual.

2-. Establecer un nuevo presupuesto complementario que permita identificar las fuentes de financiación para sostener los los programas compensatorios que se iniciaron con la crisis del COVID-19: “Quédate en Casa”, “Pa Ti” y “Fase I y II”. Estos programas se financiarán hasta que aparezca una vacuna.

3-. Incrementar de manera sustancial el presupuesto al sector salud, hasta llevarlo al 2.5% del PIB en este año 2020, de tal manera que permita contener lo más rápido posible la expansión del COVID-19 y así llevar a cabo un proceso de desescalamiento de la economía sin pausa.

4-. Extender de manera transitoria, al resto de los sectores productivos, el régimen tributario establecido para el modelo de las zonas francas industriales. Con esto se aliviaría el coste impositivo que le ha impuesto la crisis del COVID-19 a los sectores productivos, básicamente a la pequeña y mediana empresa.

5-. Establecer, de manera transitoria, un impuesto solidario a aquellos sectores que no han sido afectados en el contexto de la crisis COVID-19, en particular a la Minería Extractiva de Oro y al Sector Financiero. Con este impuesto solidario, que puede ser negociado entre las nuevas autoridades y los sectores señalados, el Estado puede contener la caída en sus recaudaciones tributarias hasta que el control en la expansión de la pandemia permita una mayor reapertura de la economía.

6-. Emprender un plan masivo de creación de empleo a través de la construcción, rehabilitación, reparación de pequeñas obras a nivel nacional que impacten básicamente las zonas más vulnerables del país.

MEDIDAS DE LARGO PLAZO

1-. Propiciar un Pacto Fiscal con la intención de elevar las recaudaciones del Estado, mejores los servicios públicos y fortalezca los mecanismos de cohesión social del país.

2-. Impulsar una Reforma Integral a la Ley de la Seguridad Social donde los mecanismos privados de intermediación, en particular las AFP, tengan un carácter mutualista.

3-. Incrementar el Presupuesto de Salud, en los próximos años 4 años, hasta el 4% del PIB.

4-. Propiciar la modificación a la Ley 139-2001, de Educación Superior Ciencia y
Tecnología, para que se amplíe el alcance del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), e incluya la actividad de emprendimiento; y a su vez se incremente el Presupuesto de los Fondocyt, en los próximos 4 años, hasta el 1% del PIB.