Carlos Salcedo
Para el gobierno presidido por Luis Abinader se plantean grandes retos para el año 2024. El primero está marcado por la campaña electoral para las elecciones municipales en febrero y para las congresuales y presidenciales en mayo, en cuyas últimas Abinader aspira a reelegirse.
Tradicionalmente se ha imputado al gobierno que aspira a continuar el uso de los recursos públicos en las campañas. Abinader, caracterizado por la transparencia, debe dar señales muy claras de que el funcionariado de su gobierno ni él mismo emplean o harán uso de fondos del erario ni facilidades del poder para fines proselitistas, con el consecuente atentado a la participación en condiciones de igualdad de todos los partidos y candidatos en los certamenes electorales que se avecinan.
No le pediremos al presidente Abinader que solicite al Congreso Nacional una licencia de su cargo durante dicho período electoral, como lo hizo Nayib Bukele en El Salvador. De hecho, salvo la autorización por parte del congreso al presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días (art. 93.1.ñ), la Constitución no prevé dicha concesión en caso de optar por un nuevo período (art. 124).
Otros grandes retos serán los de mantener la estabilidad macroeconómica, lo que implica mantener la inflación controlada, el incremento de los empleos formales y reducción de la informalidad situada cercana al 58% de los ocupados, el manejo adecuado de la deuda, el Banco Central mantener una política monetaria que siga posibilitando el crecimiento económico y enfrentar el déficit fiscal, de alrededor del 3.2% de PIB, que debe ser cubierto con nuevas deudas.
De resultar reelecto, ¿Abinader impulsará una reforma fiscal para cubrir los déficits del sector público? En su momento, aunque no con una reforma amplia, intentó implementarla, pero no le fue posible. Sin embargo, si resulta triunfador en los próximos comicios electorales y las fuerzas en el congreso le favorecen (porque con mayoría de la oposición no será posible), deberá emprender esa tarea en el primer año de su nuevo gobierno.
El Congreso Nacional tiene, por su parte, grandes retos, como la necesidad de aprobar la reforma fiscal que se plantee el Poder Ejecutivo, la aprobación de leyes tan importantes como el tantas veces aplazado Código Penal y otros códigos y leyes que permitan que el país siga fortaleciendo sus instituciones democráticas y el estado constitucional.
Otro gran reto del congreso es constituirse en Asamblea Nacional Revisora para modificar la Constitución en aquellos aspectos que, como la dotación de mayor independencia al Ministerio Público, ha venido siendo anunciada como promesa por el propio presidente de la República.
De su parte, el Poder Judicial debe seguir fortaleciéndose para la protección efectiva de los derechos de las partes en litigio y “una justicia íntegra para ser más confiable”, con jueces independientes y cuya única herramienta para sus decisiones sea el ordenamiento jurídico.
Deberá seguir implementando, con resultados en términos de acceso efectivo y pronto a la justicia, la Ley que Habilita y Regula el Uso de los Medios Digitales para los Procesos Judiciales y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial, núm. 339-22, del 29 de julio de 2022 y su reglamento de aplicación núm. 748-2022, del 13 de octubre de 2022.
Pero, sobre todo que, por encima de las hordas públicas, los jueces no se constituyan en simples máquinas dispensadoras de restricciones de derechos fundamentales por hacerse algunos los graciosos ante los pedidos de justicia que muchas veces esconden propósitos lejanos a los principios de libertad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva de los derechos, con el consecuente incremento del descreimiento de la población en dicho poder del Estado.
Los llamados extrapoderes, con los que se rompe la tradicional tríada de poderes de Estado, convirtiéndose aquellos en otros verdaderos poderes, como el electoral (Junta Central Electoral), el de justicia electoral (Tribunal Superior Electoral) y el más elevado de todos, el de justicia constitucional (Tribunal Constitucional), tienen este 2024, los primeros dos, retos de organización transparente y confiable de las elecciones municipales y nacionales y de responder a los reclamos y recursos de los partidos y candidatos solo con el báculo del derecho.
El Tribunal Constitucional enfrenta su mayor reto debido a su recomposición, con la sustitución de los cinco jueces salientes, encabezados por su expresidente el Dr. Milton Ray Guevara, cuyo liderazgo y gestión eficientes han marcado la impronta de dicho órgano, para lo cual el nuevo presidente, Dr. Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, requerirá de la colaboración sincera y efectiva de los demás jueces de dicho poder constitucional, para seguir el proceso de afianzamiento del guardián de la Constitución.
Pero el mayor de los retos, es el que los ciudadanos sigamos trillando el camino del fortalecimiento institucional, de conocimiento de la cosa pública, de conciencia de la necesidad de la acción estatal para seguir fortaleciendo la libertad y la solidaridad social, al tiempo que, en una democracia liberal como la nuestra, se sigan expandiendo y consolidando los derechos de propiedad, el bienestar de los consumidores, los derechos humanos y la gestión gubernamental eficiente.
